El Presidente José Antonio Kast anunció este lunes el envío al Congreso de un proyecto de ley para crear el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una medida que apunta a endurecer las sanciones contra quienes dañen bienes públicos, participen en hechos de violencia o atenten contra funcionarios. La iniciativa contempla incluso la pérdida de beneficios sociales para quienes figuren en el listado.
Durante su intervención durante su primera Cuenta Pública, el mandatario sostuvo que la lucha contra la delincuencia debe ir más allá del combate al crimen organizado y apuntar también a aquellas acciones que, a su juicio, deterioran la calidad de vida de las comunidades.
“No basta con combatir al crimen organizado y a la delincuencia, sino también tenemos que proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, aquellas conductas que dañan nuestro patrimonio nacional, histórico y cultural; que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”, afirmó.
En ese contexto, anunció que la iniciativa será presentada en los próximos días y tendrá como objetivo establecer un registro oficial de personas condenadas por determinados delitos e infracciones relacionadas con actos vandálicos y desórdenes públicos.
“Tenemos que recuperar nuestro patrimonio y por eso ingresaremos un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades”, señaló.
El Presidente argumentó que existe una creciente preocupación ciudadana por los daños a bienes públicos y privados, apuntando a rayados, destrucción de infraestructura y ataques a espacios comunitarios.
“Nadie quiere que le rayen su casa. Nadie quiere que le rayen una escuela, que destruyan un tribunal o una iglesia. Eso no tiene ningún sentido. Eso no mejora las manifestaciones. Eso destruye lo que tanto nos ha costado construir”, expresó.
Según detalló, el registro incluirá a quienes hayan sido condenados por delitos como agresiones contra funcionarios de Carabineros, personal de salud, trabajadores o usuarios del transporte público. También contemplará casos vinculados al tráfico de drogas y al daño de monumentos nacionales.
Kast hizo referencia a la reciente quema de un bus del transporte público ocurrida en Santiago, utilizando el hecho como ejemplo de la necesidad de endurecer las sanciones.
“Es inaceptable ver lo que ocurrió hace pocos días con la quema de un bus de la locomoción colectiva. Eso podría terminar en una tragedia con el conductor, con los pasajeros e incluso con los propios jóvenes que arrojaron las bombas molotov”, afirmó.
Uno de los aspectos que más llamó la atención del anuncio fue la intención del Ejecutivo de vincular este registro con la entrega de beneficios sociales. El Mandatario adelantó que quienes formen parte de la nómina podrían perder o quedar excluidos de determinadas ayudas estatales.
“Esto de que no hay responsables se va a terminar”, aseguró, agregando que quienes incurran en estas conductas “perderán beneficios sociales”.
En esa línea, fue enfático al señalar que: “Nadie que quema un bus, nadie que destruye lo público merece tener gratuidad en la educación. Es incompatible una buena educación con la destrucción de los bienes públicos”, sostuvo.
Asimismo, planteó que personas incluidas en el registro tampoco debieran recibir beneficios como la Pensión Garantizada Universal (PGU), una propuesta que previsiblemente abrirá un intenso debate político y jurídico una vez que el proyecto ingrese al Parlamento.
La iniciativa también contempla la incorporación de las llamadas “incivilidades”, concepto que incluiría conductas como el consumo y venta de alcohol en la vía pública o la organización de actividades comerciales sin autorización en espacios abiertos.
“Lo que hemos visto en los últimos días de bares abiertos en las calles sin control alguno va a terminar”, afirmó el jefe de Estado, advirtiendo que quienes promuevan este tipo de actividades también podrán ser sancionados.
Aunque reconoció que las penas para estas faltas serán menores que las establecidas para delitos más graves, insistió en que deben existir consecuencias.
“Si no, no vamos a recuperar el control de nuestra patria. Cada incivilidad atenta contra la libertad de otras personas”, manifestó.
Finalmente, Kast llamó a los parlamentarios de todos los sectores a respaldar la propuesta y aseguró que el proyecto buscará combinar sanciones con posibilidades de reinserción.
“Todos tenemos derecho a rehabilitarnos, pero tiene que ser con hechos concretos”, concluyó el Mandatario.