Uno de los anuncios que marcó la reciente Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast fue la creación de un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que ya fue ingresada al Congreso y que busca sancionar a quienes protagonicen conductas que afecten la convivencia ciudadana, el patrimonio público o la infraestructura comunitaria.
Según explicó el Mandatario, la medida apunta a enfrentar situaciones que, si bien no siempre están asociadas al crimen organizado, generan deterioro en los barrios y afectan la calidad de vida de los vecinos.
¿Qué se entiende por incivilidades?
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Gobierno, las incivilidades corresponden a conductas que alteran la convivencia y el uso adecuado de los espacios públicos. Entre los ejemplos mencionados se encuentran los rayados o grafitis no autorizados en propiedades públicas o privadas, el consumo de drogas en la vía pública, la venta ilegal de alcohol y otras acciones que dañen bienes comunitarios.
La propuesta también contempla la incorporación de personas condenadas por delitos considerados especialmente graves para la convivencia social, como agresiones a Carabineros, ataques a funcionarios de la salud, daños a monumentos nacionales, barricadas o afectaciones a la infraestructura pública.
¿Cómo funcionaría el registro?
La iniciativa plantea la creación de una base de datos nacional donde quedarían registradas las personas sancionadas o condenadas por este tipo de conductas. Según ha señalado el Ejecutivo, el objetivo es que quienes ingresen al registro enfrenten consecuencias adicionales, entre ellas restricciones o pérdida de determinados beneficios sociales entregados por el Estado.
Entre los beneficios mencionados por el Gobierno se encuentran la gratuidad en la educación superior, subsidios estatales y la Pensión Garantizada Universal (PGU).
