Uno de los ministros del gabinete del Gobierno de José Antonio Kast que más críticas ha ganado por su temperamento ha sido el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Él ha tenido diversos enfrentamientos, tanto con senadores como con vecinos.
Al ser consultado por Biobío cómo se toma las críticas que ha recibido por su estilo de hacer política, él respondió que “depende de dónde vengan, porque la verdad es que yo trato de decirle a la gente la verdad; genero presión para que las cosas ocurran porque las familias llevan mucho tiempo esperando debido a la burocracia”.
En esa misma línea agregó que “mi pega es combatir la burocracia y eso implica, claro, a veces enfrentarme a grupos que defienden más una rana que una persona o que defienden más una acequia que una casa, o que defienden más un árbol que una familia”.
“Eso lo voy a seguir haciendo porque mi función es trabajar para las personas, hacer sus casas, por supuesto que en zonas seguras, pero hoy día tenemos un activismo ambiental bastante desatado que básicamente se opone a todo. Y con esa gente, obviamente, yo tengo que ser directo y decirle que yo represento a las familias que no tienen casa y que no tienen voz muchas veces. Yo le diría que no; en general no he tenido mayores problemas.
La querella criminal en contra de Iván Poduje
Durante la semana, específicamente el viernes 5 de junio, se presentó una querella criminal en contra del ministro Poduje en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por los delitos de fraudes al Fisco y organismos del Estado (art. 239), Falsificación o uso malicioso de documentos públicos.
Esta acción judicial fue presentada por Social Arquitectura, la cual también contempla al Seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Alonso Ruiz Fernández, y Rodrigo Alberto Muñoz Henríquez, el director (s) del Serviu Valparaíso como querellados.
La querella a la cual tuvo acceso Biobío, indica que el ministro “utilizó el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes y dictar resoluciones manifiestamente injustas”.
Sostuvieron que las autoridades involucradas “habrían utilizado sus cargos para ejecutar una decisión previamente adoptada: excluir a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián de los proyectos de reconstrucción que desarrollaban para 356 familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024″.