Tras la formalización de 17 personas detenidas en la denominada Operación Tokio, investigación que desarticuló una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua en Chile, BancoEstado emitió un pronunciamiento oficial sobre la implicación de una colaboradora en el caso.
La entidad bancaria fue notificada el pasado viernes 5 de junio sobre las indagatorias lideradas por el Ministerio Público y las policías.
Alzamiento de secreto bancario y Operación Tokio
En el marco de las diligencias judiciales, la institución recibió requerimientos específicos para facilitar la investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur. Según el comunicado, “se solicitó el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas para el periodo comprendido entre mayo del 2025 y hasta la fecha del último movimiento actualizado”.
La entidad subrayó que “esta diligencia se ejecutó de manera inmediata” para colaborar con el esclarecimiento de los delitos de asociación criminal y extorsión,.
El rol de la trabajadora externa vinculada al Tren de Aragua
Uno de los puntos centrales del comunicado aclara la relación contractual de la imputada con el banco. La institución precisó que “la persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026”. No obstante, durante la audiencia de formalización, la propia defensa y la imputada aseguraron que ella se desempeñaba como ejecutiva de la entidad.
Ante estos hechos, el banco informó que ya bloqueó todas sus credenciales y accesos al sistema, impidiendo cualquier operación adicional. La organización criminal investigada habría movilizado una cifra estimada en 75 mil millones de pesos, lo que motivó la prisión preventiva para la mayoría de los acusados,.
Auditoría interna y compromiso con la seguridad pública
La estatal manifestó que “los antecedentes que han llegado a conocimiento de BancoEstado son de la mayor gravedad, independiente de la calidad de externa de la persona formalizada”. Como medida correctiva, se inició una auditoría interna exhaustiva para revisar los procesos de control e identificar posibles fallas o responsabilidades adicionales.
Desde la entidad recalcaron que “esta auditoría no es un trámite formal; es un compromiso real con la transparencia”, alineándose con el Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030 para combatir el crimen organizado en el país.