Este martes, la Cámara Alta enfrentó una votación decisiva respecto al proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica.
La jornada concluyó con un triple empate consecutivo que, de acuerdo con el artículo 182 del reglamento del Senado, derivó en el rechazo de la norma que permitía el acceso a información financiera por vía administrativa.
El empate decisivo y las ausencias claves en la votación
La votación de 24 a 24 dejó en evidencia la división parlamentaria respecto a la entrega de facultades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Un un factor determinante para el rechazo fue la ausencia de la senadora Ximena Órdenes, cuyo avión no pudo despegar desde Balmaceda hacia Santiago por razones climáticas.
Asimismo, el senador Matías Walker tampoco participó del proceso por encontrarse en una conferencia de la OIT en Ginebra.
La norma rechazada “buscaba permitir que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueda requerir directamente a los bancos información protegida por secreto bancario en tres casos puntuales, sin necesidad de una autorización judicial previa”. Estos casos incluían Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) provenientes de bancos, de funcionarios públicos o de personas jurídicas.
Operación Tokio y el debate por los derechos fundamentales
Desde la oposición, parlamentarios como Vanessa Kaiser argumentaron que “levantar el secreto bancario mediante una vía administrativa y sin la resolución fundada de un juez afecta derechos fundamentales”. Sin embargo, el oficialismo ha defendido la medida como una herramienta necesaria ante el avance del lavado de activos.
El contexto criminal ha sido un motor en esta discusión, especialmente tras la Operación Tokio, donde se detectó que estructuras del Tren de Aragua utilizaban cuentas corrientes para mover dinero ilícito. Actualmente, el alzamiento del secreto opera principalmente por vía judicial en investigaciones activas.
El futuro del proyecto de ley en la Comisión Mixta
Al haber sido aprobada previamente en la Cámara de Diputados, la viabilidad de la norma pasará a una Comisión Mixta. Ante la posibilidad de nuevos retrasos, el senador Daniel Núñez solicitó aplicar discusión inmediata.
En respuesta, el Gobierno asumió el compromiso de otorgar la urgencia respectiva para que la instancia bicameral logre zanjar las diferencias con la máxima premura posible.