Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en el proceso de contratación de personal para el Censo 2024, luego de detectar que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) incorporó a cientos de personas con antecedentes penales para desempeñarse como censistas y supervisores.
Según los antecedentes obtenidos por Radio Biobío, recopilados por el organismo fiscalizador, al menos 340 trabajadores contratados por el INE registraban condenas penales vigentes al momento de ser seleccionados. Entre ellos figuraban personas condenadas por delitos vinculados al narcotráfico, robos, hurtos, conducción en estado de ebriedad, lesiones y otros ilícitos.
Por otra parte, la auditoría constató que el INE contrató a 14 ciudadanos extranjeros que no estaban habilitados para trabajar legalmente en Chile. De acuerdo con los antecedentes revisados, estas personas no contaban con residencia temporal o definitiva vigente, ni tampoco con solicitudes de residencia en trámite al 31 de diciembre de 2023, requisito indispensable para desempeñar funciones remuneradas en el país.
La investigación estableció que el servicio no realizó controles suficientes para verificar los antecedentes de los postulantes antes de concretar las contrataciones, pese a que los censistas debían ingresar a miles de hogares a lo largo del país durante el proceso censal.
El informe también advirtió debilidades en los mecanismos de supervisión y validación de los requisitos exigidos a quienes participaron del operativo estadístico, cuestionando los procedimientos utilizados por el organismo para seleccionar al personal de terreno.
Tras conocerse las observaciones, la Contraloría instruyó al INE adoptar medidas correctivas y entregar explicaciones respecto de las falencias detectadas. Asimismo, el organismo deberá informar las acciones que implementará para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en futuros procesos de contratación.