Fueron varios los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que denunciaron en redes sociales el embargo de sus cuentas corrientes. Se trató de personas que no habían regularizado sus situaciones ante la Tesorería General de la República (TGR) y que aparecieron con descuentos, retenciones y cobros efectuados por el ente fiscal, generando dudas sobre el alcance de estas medidas y las alternativas disponibles para quienes se ven afectados.
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Aunque el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que sostendrá conversaciones con la TGR para revisar los casos de personas cuyos ingresos mensuales eran inferiores a $3,5 millones al momento de los cobros, con el objetivo de evaluar alternativas de solución distintas a los embargos aplicados a quienes superaban ese umbral, persisten interrogantes respecto de la legalidad de estas medidas y de las herramientas jurídicas disponibles para que los afectados puedan defender sus derechos y eventualmente impugnar los cobros realizados.
Ante este escenario, Belisario Prats, abogado y académico de la Universidad del Alba y jurista que ha representado a varios afectados por causas similares sobre deudas estudiantiles, explicó, en primera instancia, que efectivamente “lo que hoy está en discusión no es la existencia de la deuda, sino el mecanismo utilizado para su cobro”.
Nuestra legislación, dice el profesional, “establece reglas especiales respecto de la inembargabilidad de las remuneraciones y también contempla facultades de la Tesorería para perseguir determinadas obligaciones fiscales. Por eso, si efectivamente se embargaron fondos provenientes de sueldos o ingresos que cuentan con protección legal, corresponde analizar caso a caso si la actuación se ajustó plenamente a derecho y si existen vías de reclamación para los afectados”.
En efecto, la Tesorería General de la República (TGR) cuenta con facultades legales para realizar procesos de cobranza administrativa y judicial respecto de determinadas obligaciones cuyo cobro le ha sido encomendado por ley, entre ellas algunas deudas asociadas al CAE. Sin embargo, dichas facultades no son ilimitadas.
La legislación chilena establece que las remuneraciones, pensiones y otros ingresos destinados a la subsistencia del deudor gozan, en principio, de protección frente a embargos, salvo excepciones expresamente contempladas por la ley.
“Asimismo, existen reglas especiales que permiten perseguir bienes y fondos para el pago de obligaciones tributarias y otras acreencias fiscales. Por ello, cuando un embargo afecta cuentas bancarias que contienen recursos provenientes de sueldos u otros ingresos protegidos, corresponde analizar el origen de los fondos, la naturaleza de la deuda y el procedimiento utilizado, ya que la procedencia de la medida dependerá de las circunstancias específicas de cada caso y de los límites que el ordenamiento jurídico impone a las facultades de cobro del Estado”, detalla el especialista.
¿Se puede reclamar?
Según el abogado, el primer paso es recopilar toda la información disponible sobre el movimiento registrado en la cuenta bancaria. Para ello, recomienda revisar la cartola bancaria, solicitar antecedentes a la institución financiera y verificar eventuales notificaciones emitidas por organismos públicos.
Prats sostiene que, una vez identificada la causa del cobro, es posible evaluar la procedencia de acciones administrativas o judiciales cuando existan antecedentes que justifiquen una revisión.
“Con los antecedentes en la mano, analizar. Si considera que se afectaron recursos protegidos por la ley, como remuneraciones o fondos destinados a su subsistencia, puede presentar reclamaciones ante la propia Tesorería y evaluar acciones judiciales para solicitar el alzamiento del embargo o la restitución de los montos retenidos. Es importante recordar que cada caso tiene particularidades, por lo que resulta aconsejable buscar asesoría jurídica especializada antes de adoptar una estrategia de defensa”, cuenta el académico de la Universidad del Alba.
Asimismo, enfatiza la importancia de actuar con rapidez, especialmente cuando existen plazos para presentar observaciones o reclamaciones ante los organismos competentes.
Regularizar para evitar nuevos cobros
Junto con revisar la situación específica de cada deudor, el especialista plantea que quienes mantienen obligaciones pendientes vinculadas al CAE deberían informarse sobre las alternativas de regularización disponibles.
“Lo más recomendable es conocer el estado actual de la deuda y evaluar oportunamente las opciones existentes para evitar que el problema escale o genere nuevas acciones de cobro en el futuro”, concluye.
En un contexto donde las dudas sobre el cobro de deudas estudiantiles siguen creciendo, los expertos coinciden en que la información y la asesoría oportuna son herramientas fundamentales para proteger los derechos de los deudores y enfrentar adecuadamente cualquier procedimiento de cobro que pueda afectar sus finanzas personales.