La reciente ola de embargos a deudores del CAE aplicados por la Tesorería General de la República (TGR) ha puesto bajo la lupa una pieza legislativa del gobierno anterior: la Ley de Cumplimiento Tributario (21.713).
Aunque esta norma fue diseñada para fortalecer la recaudación fiscal, expertos señalan que sus disposiciones habrían entregado las herramientas necesarias para acelerar la recuperación de deudas estudiantiles mediante el vaciado de cuentas bancarias.
Cambios al Código Tributario y nuevas facultades de embargo
Promulgada en octubre de 2024, la ley modificó el artículo 170 del Código Tributario, ampliando significativamente los bienes que la TGR puede embargar. Antes de la reforma, existía una regulación específica sobre las remuneraciones; sin embargo, el nuevo texto legal establece que “la ejecución podrá recaer sobre los dineros, créditos y cualquier otra prestación en dinero que tenga derecho a percibir el ejecutado”.
Durante su promulgación, el expresidente Gabriel Boric defendió la iniciativa asegurando que entrega “mejores herramientas para combatir la evasión y la elusión de las grandes riquezas” y que es “un acto de justicia con Chile y con quienes cumplen con la obligación de pagar sus impuestos con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad”. No obstante, la aplicación de estas herramientas al CAE ha generado un debate sobre si se está utilizando una norma tributaria para fines distintos a los previstos.
La celeridad de los embargos electrónicos masivos
Expertos consultados por Biobio Chile destacan que el factor tecnológico fue determinante. Vicente Sáez Pinochet, abogado tributarista, explicó que la ley ahora “faculta al juez sustanciador (Tesorero) a ordenar la retención de fondos (embargo), de manera remota y electrónica directamente a las instituciones bancarias; ya no se tienen que apersonar en la sucursal bancaria”.
Según el especialista, esta modificación ha sido un “factor determinante en la celeridad e inmediatez en los embargos y retenciones”, agregando que “esta herramienta es lo que permitió a la TGR salir a realizar embargos masivos y prácticamente instantáneos”. Por su parte, el académico Germán Pinto Perry subrayó que se eliminó el límite previo que protegía las remuneraciones inferiores a cinco unidades tributarias mensuales, permitiendo que las facultades de cobro recaigan sobre cualquier bien líquido del contribuyente.
Debate sobre el uso indebido de la normativa
Pese a que existen facultades legales, persiste la discusión jurídica sobre la pertinencia de aplicar estos mecanismos a deudas de educación. Algunos abogados advierten un posible “abuso” al aplicar por analogía un procedimiento de cobro de impuestos a obligaciones de otra naturaleza.
Esta situación ha generado un contraste con las recientes críticas del propio Boric, quien cuestionó los embargos a pesar de que la ley que los facilitó fue impulsada y promulgada bajo su mandato.