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Subsecretario Pavez confirma ingreso de proyecto que crea Registro Único de Incivilidades

La autoridad aseguró que la iniciativa ya fue presentada y defendió su implementación como una herramienta para sancionar conductas que afectan la convivencia ciudadana y el espacio público.

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El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que el proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades ya fue ingresado para su tramitación, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno en materia de seguridad y orden público.

La propuesta fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública y busca identificar a personas que hayan sido condenadas o sancionadas por conductas que afecten la convivencia ciudadana, el patrimonio público o la infraestructura comunitaria.

En conversación con T13, Pavez sostuvo que la iniciativa ya fue presentada y que ahora corresponderá al Congreso debatir su contenido. Además, defendió la medida señalando que busca entregar nuevas herramientas para enfrentar conductas que, si bien en algunos casos no constituyen delitos graves, contribuyen a aumentar la sensación de inseguridad.

El registro contempla la incorporación de personas condenadas por actos vandálicos, agresiones contra funcionarios públicos, daños a bienes estatales y otras conductas que el Ejecutivo busca catalogar como incivilidades. Según ha explicado el Gobierno, también existirán diferencias entre quienes hayan cometido delitos y quienes hayan sido sancionados por faltas de menor gravedad.


“Los que rompen paraderos, los que rayan nuestros museos, los que rayan las casas de los vecinos sin permiso. Y todas esas personas las vamos a incorporar a un registro para que, de a poquitito, vayan desincentivando esas conductas", explicó el subsecretario.

Uno de los aspectos que ha generado mayor debate es la posibilidad de que quienes figuren en estos registros enfrenten restricciones para acceder a determinados beneficios estatales. Desde La Moneda han insistido en que las eventuales sanciones deberán quedar establecidas por ley y contar con el debido respaldo judicial.

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