En el sistema financiero chileno, la Ley de Fraudes (Ley N° 20.009) establece límites claros a la responsabilidad de los usuarios frente a situaciones de hurto, robo o extravío de sus tarjetas de pago y transacciones electrónicas.
Bajo este marco legal, las entidades financieras tienen la obligación de restituir los fondos a los clientes en plazos determinados, una vez que estos realizan la denuncia correspondiente.
El auge del “autofraude” y la Ley N° 20.009
Sin embargo, el sector bancario ha alertado sobre una distorsión en el uso de esta herramienta legal. Se han identificado múltiples casos de “autofraudes”, técnica en la cual usuarios “realizan una compra, pago o transferencia y luego aseguran al banco que nunca realizaron aquello” con la finalidad de recibir un reembolso indebido.
Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) señalan que estas conductas han proliferado tras las modificaciones legales del año 2020. Según sus registros, la tasa de fraudes actual es tres veces mayor a la registrada antes de dichos cambios y supera en más de 6,5 veces a la observada en la Unión Europea.
La denuncia masiva de BancoEstado ante la justicia
La situación ha tomado dimensiones judiciales significativas. BancoEstado denunció formalmente un esquema que calificó como masivo y sistemático, el cual comprende “más de siete mil casos” que siguen un mismo patrón de comportamiento delictivo.
Para desincentivar estas prácticas, el gremio bancario ha propuesto modificar el estándar probatorio y rebajar el monto límite de restitución automática, actualmente fijado en UF 35, a un máximo de UF 15. El objetivo es evitar que se utilice la fe pública para encubrir delitos de lavado de activos o asociación ilícita.
Mesa intersectorial y la ruta del dinero
Para enfrentar este escenario, el presidente de BancoEstado, Mario Farren, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, acordaron fortalecer la cooperación entre la banca y la justicia. La creación de una Mesa Intersectorial contra Fraude Transaccional permitirá el uso de nuevas herramientas para la persecución penal efectiva.
Al respecto, el fiscal Valencia destacó la relevancia de este trabajo mancomunado, señalando que es fundamental para “seguir rápidamente la ruta del dinero” y proteger la seguridad de toda la ciudadanía ante ilícitos económicos que impactan al sistema financiero en su conjunto.