La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución que solicita al Presidente de la República eliminar el uso del denominado lenguaje inclusivo en los distintos servicios públicos del país y promover el uso de las normas tradicionales del idioma español en las comunicaciones oficiales del Estado.
La propuesta plantea que el Ejecutivo instruya a ministerios, subsecretarías y demás organismos públicos a dejar sin efecto aquellos actos administrativos que impulsen expresiones o fórmulas lingüísticas distintas a las establecidas por las reglas gramaticales del castellano. Asimismo, pide que se resguarde el uso correcto del idioma en documentos, comunicaciones y actos oficiales.
La resolución fue respaldada por 85 diputados, mientras que 53 votaron en contra, reflejando las diferencias que el tema genera en el Congreso.
Argumentos de los impulsores
Los autores de la iniciativa sostienen que el Estado debe utilizar un lenguaje claro, uniforme y ajustado a las normas vigentes del español. En ese contexto, consideran que expresiones asociadas al lenguaje inclusivo podrían generar confusión en documentos oficiales y afectar la correcta comprensión de las comunicaciones públicas.
La resolución fue presentada por parlamentarios de oposición y tiene carácter de solicitud al Ejecutivo, por lo que no implica cambios automáticos ni crea obligaciones legales.
Críticas a la medida
La aprobación del texto también provocó reacciones desde organizaciones de la sociedad civil. Desde Fundación Iguales cuestionaron que el Congreso destinara tiempo a debatir esta materia y defendieron la utilización de formas de expresión que permitan visibilizar a distintos grupos de la sociedad.
La directora ejecutiva de la entidad, María José Cumplido, sostuvo que el lenguaje evoluciona de manera natural y que el Estado no debería intervenir en la forma en que las personas deciden expresarse.
Por otro lado, desde el Movilh, indicaron que “sin contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social. El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla”.