En el marco de las discusiones parlamentarias orientadas a robustecer el marco jurídico e institucional contra la delincuencia transnacional y las asociaciones ilícitas, un grupo transversal de legisladores liderado por la bancada de Renovación Nacional (RN) ingresó un proyecto de ley que introduce un inédito sistema de incentivos financieros. La propuesta técnica busca facultar legalmente al Estado para otorgar recompensas económicas a aquellas personas que proporcionen antecedentes sustanciales, estratégicos y determinantes para la persecución, captura y desarticulación de organizaciones criminales operativas en el territorio nacional.
De acuerdo con el cuerpo del proyecto, el mecanismo de asignación de los fondos públicos quedará radicado en la figura del Presidente de la República, quien poseerá la atribución de establecer los montos y los casos objetivos mediante la dictación de un decreto supremo.
Juguemos a ser Sherlock
Para la validez del incentivo, la normativa propuesta estipula un estricto estándar de admisibilidad: los datos entregados por los cooperadores deben ser de carácter rigurosamente voluntario, técnicamente verificables por los equipos de inteligencia y completamente desconocidos por las autoridades judiciales o policiales al momento de la delación. Asimismo, el texto legal incorpora un estatuto de protección de identidad para los informantes y sanciones penales específicas para quienes suministren testimonios o pruebas falsas con el fin de distorsionar los procesos de búsqueda.
Herramientas complementarias para investigaciones complejas
Los promotores de la iniciativa enfatizaron que la gravedad del escenario delictual actual requiere romper con los esquemas tradicionales de persecución penal. El jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, defendió la necesidad de incorporar metodologías de incentivos que ya se utilizan en otras jurisdicciones internacionales occidentales para penetrar las estructuras herméticas de las bandas organizadas.
“Buscamos contar con mejores instrumentos para capturar prófugos, desbaratar bandas criminales y devolver la tranquilidad a las familias. La seguridad debe seguir siendo la primera prioridad del país”, argumentó de forma taxativa el diputado Schalper.
Por su parte, el diputado por la Región de Los Lagos, Mauro González, salió al paso de los cuestionamientos respecto a una eventual privatización de las labores de inteligencia, aclarando que el articulado no altera las competencias orgánicas del Estado. El parlamentario precisó que la medida “no reemplaza el trabajo del Ministerio Público ni de las policías”, sino que opera como “una herramienta adicional para facilitar investigaciones altamente complejas” que suelen estancarse por el temor de los testigos o el silencio de los entornos periféricos de las bandas.
Colaboración bajo reserva y la protección del denunciante
Uno de los ejes más debatidos del proyecto guarda relación con la seguridad de quienes decidan acogerse a este beneficio saliendo del anonimato tradicional de las denuncias vecinales. El diputado Francisco Orrego remarcó que el éxito del sistema de recompensas dependerá directamente de la confianza que tengan los ciudadanos en los sistemas informáticos y de encriptación del Estado.
Según detalló Orrego, el objetivo medular es incentivar el flujo de datos precisos para “esclarecer delitos graves y desbaratar de raíz a estas bandas criminales”, insistiendo en que ante modelos de criminalidad que controlan territorios mediante la intimidación, el quiebre de los pactos de silencio a través de incentivos económicos y de protección real puede constituir “una pieza clave para recuperar nuestra seguridad y tranquilidad”. El proyecto iniciará ahora su tramitación legislativa en las comisiones técnicas de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se evaluarán los impactos presupuestarios y las metodologías de resguardo de los testigos cooperas.