La medición periódica de la opinión pública arrojó un complejo escenario político para el comité político de La Moneda. Este domingo 12 de julio se liberaron los resultados de una nueva edición de la encuesta Criteria, herramienta de diagnóstico que evidenció un retroceso estadístico en los niveles de adhesión hacia la conducción del Presidente de la República, José Antonio Kast, situando sus cifras de respaldo en el punto más bajo desde el inicio de su mandato constitucional.
De acuerdo con las métricas del estudio de opinión, la aprobación a la gestión del Jefe de Estado se posicionó en un 32%, lo que representa una contracción de tres puntos porcentuales en relación al último reporte semanal. Este indicador se transforma de manera oficial en el registro de apoyo más bajo detectado por el sondeo desde el cambio de mando residencial del pasado 11 de marzo.
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En la contraparte del tablero estadístico, la desaprobación a la figura presidencial experimentó un incremento de dos puntos, alcanzando el 55% de las menciones, mientras que el segmento de la población que optó por la opción “no sabe” o no pondera el desempeño del Ejecutivo se situó en un 13%.
Polarización ciudadana ante el proyecto de Reconstrucción Nacional
Más allá de la evaluación de las figuras de autoridad, el estudio de Criteria destinó un apartado técnico para auscultar la percepción social frente al bloque legislativo clave del oficialismo: el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa estructural que en la actualidad surte sus etapas de discusión y análisis en las comisiones del Senado.
Las respuestas recolectadas exponen un escenario de virtual empate técnico y fractura de opiniones respecto a los impactos macroeconómicos del articulado:
- Efectos Positivos: Un 37% de los participantes de la muestra proyecta que las repercusiones de la ley serán beneficiosas para el desarrollo del país.
- Efectos Negativos: Un 35% evalúa la medida con un sesgo crítico, previendo consecuencias perjudiciales para la estabilidad interna.
Asimismo, la encuesta detectó un marcado juicio de valor en torno a los destinatarios finales de los beneficios de esta reforma. El 47% de los ciudadanos consultados aseguró mantener la convicción de que la iniciativa, tal como se encuentra redactada en su trámite parlamentario, terminará favoreciendo de forma prioritaria y principal a los sectores socioeconómicos de mayores ingresos del país. Este último dato añade presión al debate de las bancadas oficialistas en la Cámara Alta para la negociación de indicaciones específicas.
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