El impacto político provocado por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad generó una dura reacción de la exvocera de Gobierno, Camila Vallejo.
La exministra criticó la decisión del mandatario José Antonio Kast de mantener en su cargo al titular del Ministerio de Justicia, Fernando Rabat, argumentando que las responsabilidades políticas no han sido asumidas de forma efectiva por el Ejecutivo.
Al respecto, la exautoridad sostuvo que “Por razones menos graves han sacado ministras”. En esa misma línea, Vallejo comparó la continuidad del secretario de Estado con salidas de autoridades registradas en carteras como Deportes, afirmando que “En este caso por liberar a pedófilos no han ocupado la misma vara. Y eso es responsabilidad política del presidente de la República”. Asimismo, la exministra enfatizó la necesidad de realizar ajustes en el equipo de gobierno declarando que “En primer lugar exige cambios en el gabinete”.
Contradicciones internas en el Ministerio de Justicia y la actuación de los seremis
Durante sus declaraciones en el programa Turno AM, la exvocera identificó al ministro Fernando Rabat y al subsecretario Luis Silva como los principales responsables administrativos de autorizar las reducciones mediante decretos. No obstante, recalcó que la protección brindada por La Moneda compromete directamente al jefe de Estado.
Sobre este punto, la exautoridad aseveró que “Si hay un responsable político real es el presidente Kast que ha decidido hasta el día de hoy respaldar al ministro de Justicia a pesar de todos los antecedentes que ya se han dado a conocer de su responsabilidad política”, añadiendo además que “Si el ministro está donde está es porque el presidente Kast lo está protegiendo”.
De igual manera, Vallejo exposed una supuesta inconsistencia en la gestión de la cartera, señalando que “Mientras el ministro de Justicia aprobaba en como una especie de fast track decretos a favor de los violadores, los seremis de Justicia no tenían esa orden y estaban rechazando”. A juicio de la exministra, el Ejecutivo podía haber rechazado las peticiones y defender esa postura ante los tribunales, fustigando que “Nos han mentido, han ocultado información, han generado versiones contradictorias y lo peor de todas las cosas es que han dicho que hay responsabilidades políticas, pero no las están pagando”.
Comparación con la gestión de Gabriel Boric y el impacto en las víctimas
Al abordar la comparación formulada por la actual administración con el periodo del expresidente Gabriel Boric, la exvocera explicó que en la gestión previa el criterio general era rechazar las peticiones de condenados por delitos sexuales contra menores y enfrentar las acciones legales. En ese sentido, puntualizó que “¿Por qué en algunos casos se firmaron los decretos de rebaja de penas? Porque había una orden judicial”.
Finalmente, la exministra lamentó las consecuencias que esta situación genera en los afectados y sus familias. Al respecto, concluyó manifestando que “Dentro de todo este enredo de contradicciones, de mentiras, de privileged la protección de un ministro ante las víctimas, terminan perdiendo las personas”.