Considera la idea de recibir un salario durante seis años sin necesidad de acudir a la oficina. Para la mayoría, este concepto suena a un sueño irrealizable. No obstante, para Joaquín García, un ingeniero en España, este sueño se materializó debido a un curioso error administrativo que le permitió recibir sus pagos sin desarrollar ninguna labor. Su caso, que llegó a las primeras planas de medios locales e internacionales, reveló una grave falla de comunicación en el sector público.
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Joaquín García comienza su relato laboral en el año 1990, cuando ingresó al Ayuntamiento de Cádiz desempeñándose como empleado público. Teniendo una extensa trayectoria laboral internacional, incluyendo puestos en Argelia y Venezuela para la firma Dragados, su ascenso fue veloz. En 1996, tomó el mando como director técnico en Aguas de Cádiz, una compañía estatal encargada de administrar los servicios hídricos de la ciudad. Su aparente carrera establecida en el ámbito público se convirtió finalmente en el centro de un sorprendente y desconcertante caso de deserción laboral.
El caso del "empleado fantasma" emergió en 2010, cuando el entonces segundo alcalde, Jorge Blas Fernández, optó por investigar a García luego de que este se volviera invisible en los registros administrativos. Fernández sospechaba que García se había retirado o, en el peor de los casos, había muerto, ya que no había obtenido información sobre él en más de diez años. Decidió indagar y encontró que, a pesar de su inactividad, Joaquín García continuaba recibiendo su pago de manera regular, lo que generó alerta.
Cuando se puso en contacto con la administración de Aguas de Cádiz, se percató de que, pese a tener un oficina asignada en la institución pública, este individuo no había estado realizando sus deberes desde hace años. Parecía que nadie en la organización sabía nada sobre él. Optó por llamarlo directamente y García afirmó que estaba de "días de asuntos propios", sin embargo, no pudo proporcionar detalles concretos acerca de su ubicación actual o tareas previas.
La situación con García llegó a su máximo nivel cuando, poco antes de que se le entregara un reconocimiento por sus dos décadas de servicio, el gobierno local se percató de que el empleado no solo había dejado de trabajar, sino que había estado completamente ausente durante más de seis años. En respuesta a esta sorpresa, el Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha un proceso disciplinario por abandono de trabajo, lo que derivó en un fallo judicial que exigía a Joaquín García el pago de una sanción de 26.920,93 euros para resarcir su conducta.
Lo que empezó como una notable anécdota de astucia española rápidamente tomó un carácter internacional. Publicaciones como The Times y Politico reportaron el asunto, reflejando el escándalo y la sorpresa ante un incidente tan inusual en el sector público. El caso de Joaquín García no sólo evidenció un importante problema de administración interna en Aguas de Cádiz, sino también un error burocrático que permitió a un empleado recibir un sueldo por años sin desempeñar su trabajo.
