La polémica por el uso de software para engañar en las pruebas de emisiones contaminantes suma un nuevo episodio. Esta vez, es un tribunal de Países Bajos el que dictaminó que vehículos diésel vendidos desde 2009 por las marcas Opel, Peugeot, Citroën y DS—todas hoy bajo el paraguas del grupo Stellantis—contenían sistemas diseñados para manipular los resultados de los test oficiales.
La resolución corresponde a una etapa intermedia de una demanda colectiva presentada por tres organizaciones neerlandesas. Si bien la corte aún no ha determinado si corresponde pagar compensaciones, su pronunciamiento representa un duro golpe para la imagen del conglomerado automotor europeo, que ya enfrenta cuestionamientos en otros países de la Unión Europea.
Software para engañar desde hace más de una década
Según el tribunal, los modelos afectados incluían un software que alteraba el comportamiento del sistema de control de emisiones para que los niveles de óxidos de nitrógeno (NOx) se mantuvieran bajos durante las pruebas de laboratorio. El uso de estos dispositivos de desactivación —prohibidos por la normativa europea— ya fue duramente sancionado en el caso de Volkswagen hace una década, dando origen al llamado “dieselgate”.
La corte afirma que hay evidencia clara de manipulación en los modelos Opel diésel desde 2009 y que los Peugeot, Citroën y DS habrían incorporado software similar a partir de 2014, aunque se sospecha que podría haber comenzado incluso antes.
Stellantis rechaza los cargos
El grupo Stellantis respondió de inmediato, señalando en un comunicado que “los vehículos cumplen con todas las normativas de emisiones vigentes” y que la corte “ha hecho consideraciones incorrectas” en esta etapa del juicio. La empresa, fruto de la fusión entre PSA Group (Peugeot-Citroën) y Fiat Chrysler, indicó que está evaluando “los pasos apropiados” para defender sus intereses.
Hasta ahora, no se ha definido si los propietarios de vehículos afectados en Países Bajos recibirán algún tipo de compensación, como sí ocurrió en el caso de Volkswagen, que pagó más de 30.000 millones de euros en multas y acuerdos extrajudiciales.
Un problema que se extiende por Europa
El fallo del tribunal neerlandés se suma a las investigaciones en curso en Francia, Alemania e Italia, donde varias marcas enfrentan acusaciones similares. En julio de 2021, fiscales franceses imputaron a Peugeot, Citroën y Renault por “fraude agravado” en el marco de una investigación por emisiones.
A nivel técnico, los vehículos en cuestión cumplían los límites en laboratorio, pero en condiciones reales de conducción emitían hasta cinco veces más NOx, uno de los contaminantes más nocivos para la salud humana, asociado a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
¿Y ahora qué?
Expertos legales aseguran que esta decisión preliminar podría allanar el camino para nuevas demandas colectivas en Europa. Para los consumidores, se abre la posibilidad de buscar indemnizaciones por haber adquirido vehículos que no cumplían con las normativas ambientales, pese a haber sido homologados.
A más de ocho años del escándalo de Volkswagen, la industria automotriz europea sigue lidiando con las secuelas de una estrategia que, en su momento, buscó cumplir regulaciones estrictas sin afectar el rendimiento de los motores. El dictamen holandés sugiere que el problema no fue un caso aislado, sino una práctica más extendida de lo que se pensaba.