Cuando en 2011, la revista Time reconocía al manifestante como el personaje del año, no se podía vislumbrar que el descontento social expresado en diferentes países marcaría el inicio de un ciclo de movilizaciones que perduraría en el tiempo, siendo catalogado actualmente por algunos autores como una ola global de contestación social, económica y/o cultural al modelo imperante. Si durante el 2011 fuimos remecidos por manifestaciones como la primavera árabe, el movimiento 15M en España o las iniciativas del movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, en la actualidad hemos sido testigos del malestar ciudadano presente en las manifestaciones en contra de la Ley de Seguridad Global en Francia, en el movimiento Black Lives Matter y, por supuesto, en las masivas manifestaciones vividas en Chile desde octubre 2019, reconociéndose en todo el mundo como una lucha por un modelo social más justo y digno.

Sobre este punto, el rol de las y los jóvenes en el actual proceso constituyente ha sido central y no debe ser reducido solamente a la importante votación juvenil del pasado 25 de octubre. Si hoy nos encontramos viviendo la posibilidad de redactar una nueva Constitución, debemos reconocer que es, en gran parte, gracias el importante rol de las y los jóvenes en las masivas manifestaciones vividas en Chile desde octubre 2019.

Durante más de una década, la manifestación ha demostrado ser una relevante forma de participación en los asuntos públicos para las y los jóvenes. Los movimientos estudiantiles del 2006 y el 2011, así como las movilizaciones feministas del 2018, son un ejemplo de cómo las y los jóvenes legitiman la manifestación como una forma de participar activamente en política, incluso mucho más que a las formas tradicionales como el voto o la militancia en partidos políticos.

En efecto, según los resultados de la 9ª Encuesta Nacional Juventud, uno de cada cinco jóvenes entre 20 y 24 años ha participado en una marcha. Por otra parte, sobre el grado de legitimidad y justificación que las y los jóvenes asignan a manifestarse, se observa que más de la mitad de las y los jóvenes indican una alta justificación de que las personas participen en marchas o manifestaciones públicas. Además, para esta generación, la manifestación no se reduce solamente a las calles, también otras formas de acción como el uso político de internet. Por ejemplo, según la encuesta, aproximadamente tres de cada diez jóvenes opina que las redes sociales son una mejor herramienta que el voto para dar a conocer las demandas de la gente. Por otro lado, uno de cada cinco jóvenes señala que las redes sociales permiten incidir en forma directa en la toma de decisiones del Estado.

Las masivas manifestaciones juveniles y ciudadanas que ha vivido Chile son un indicador de un malestar latente, el cual debe ser atendido por las instituciones político-administrativas. Sobre todo, porque este sentimiento de malestar no es solamente juvenil, sino también transversal a una gran parte de la población. Este descontento se ha canalizado principalmente mediante el apoyo de gran parte de la ciudadanía a las manifestaciones en torno al problema educacional, a las manifestaciones feministas, a los movimientos medioambientales y al actual proceso social iniciado en octubre 2019. En suma, se trata del apoyo a la manifestación como la expresión de una sensación de desigualdad e injusticia, traducidas en demandas que deben ser tratadas por el sistema político con el fin de generar una mayor legitimidad frente a una población descontenta.

En este sentido, el inicio del actual proceso constituyente se presenta como un contexto marcado por desafíos relacionados con la necesidad del reconocimiento de las autoridades a la participación juvenil y a su relevante rol en el proceso social que hemos vivido.

En primer lugar, las manifestaciones juveniles en Chile han sufrido una estigmatización desde los polos de poder que debe ser explicitada. Sobre esto, ha existido un discurso ambiguo desde la clase política, girando en torno a la legitimidad y el derecho a manifestarse, al mismo tiempo que se aprecia una estigmatización del manifestante con respecto a la violencia y el vandalismo –como se apreció en la reciente campaña del Rechazo–; ver incluso la justificación de acciones represivas contra las y los jóvenes manifestantes, así como el cuestionamiento a la “legitimidad” del proceso constituyente que la misma ciudadanía ha consolidado el pasado 25 de octubre.

En segundo lugar, muchas veces el discurso de las autoridades políticas –al apreciar el apoyo ciudadano a las demandas de las movilizaciones juveniles–, señala que la manifestación cumple el rol de poner los temas en el debate, pero que se debe dejar que las instituciones y la clase política se hagan cargo de los problemas y sus soluciones. Esto reduce el rol de las y los jóvenes movilizados a un actor secundario en el proceso de definición de las decisiones, desligándolos de la relevancia de posicionar un problema social y del poder participar en el diseño de su solución. Esto es un ejemplo de cómo las autoridades políticas no logran comprender la evolución del interés y de la participación de las y los jóvenes en política.

Finalmente, el mayor desafío presente en este contexto es cómo dar voz a las y los jóvenes en el actual proceso constituyente. El crear espacios de diálogo para una participación de las y los jóvenes en la definición de la nueva Carta Magna sería un merecido reconocimiento a la masiva participación juvenil en las calles durante los meses posteriores a octubre de 2019, en muchos casos arriesgando su propia integridad física, para que hoy tengamos finalmente la oportunidad de construir una sociedad más solidaria, digna y justa.

 

(*) Rodrigo Torres es académico investigador del Doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios de Juventud, y perteneciente al Centro de Investigación en Ciencias Sociales (Cisju) de la Universidad Católica Silva Henríquez

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