La Contraloría General de la República dictaminó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá realizar un sumario para establecer “eventuales irregularidades en el proceso de condonación de intereses y multas del grupo Johnson’s”.
Esta situación se dio luego de las acusaciones realizadas por la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile y la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, en contra del director del organismo, Julio Pereira, que aseguran que este tendría conflicto de interés en su función, ya que al momento en que se le condonaron deudas e intereses en pago de impuestos a la empresa Johnson’s, el jefe del servicio mantuvo un vínculo laboral con PriceWaterhouseCoopers (PwC), firma que asesoró a la tienda en la operación en la que obtuvo dichos descuentos tributarios.
En su dictamen del pasado 27 de diciembre, la Contraloría hizo mención al artículo 8° de la Constitución Política de la República, donde se destaca que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.
En el documento, la Contraloría agregó que el principio de probidad administrativa “tiene por objeto impedir que las personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en su ejercicio, para lo cual deberán cumplir con el deber de abstención que impone la ley“.
En un comunicado el SII afirmó que “tanto el Servicio como la contraloría están realizando investigaciones para determinar ‘eventuales irregularidades administrativas’ en el caso de Johnson’s, lo que fue ordenado por el propio Director de SII” y lamentó “información equivocada que ha sido publicada hoy en algunos medios de información y que no se ajusta a lo que realmente señala el dictamen de la CGR, el que no establece ninguna responsabilidad administrativa o conflicto de interés”.
