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Luego de seis alertas ambientales registradas en mayo, la calidad del aire empeoró en el mes de junio y la Intendencia Metropolitana decretó la primera preemergencia ambiental del año el pasado 9 de junio. Sólo en ese mes, se establecieron 7 preferencias y 2 emergencias ambientales.
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Ante este panorama, la autoridad desarrolla distintas medidas para controlar la mala calidad del aire y disminuir los niveles de contaminación en la población. En el caso de la RM, el plan Santiago Respira, que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) espera esté operativo en 2017, plantea que para el transporte público los nuevos buses de Transantiago que ingresarán al sistema en 2018 cumplan la norma Euro VI, la más exigente en cuanto a emisiones.
Para el transporte de carga, desde 2018 se implementará una Zona Baja de Emisión, donde se restringirá el acceso a vehículos pesados con una antigüedad superior a los doce años. Y en el caso de los vehículos particulares, la medida que más controversia ha generado es la de la restricción permanente a los catalíticos.
La idea del MMA es restringir dos dígitos por antigüedad, a vehículos con sello verde inscritos antes de septiembre de 2011 (modelo 2012 en adelante quedan exentos), durante el periodo de gestión de episodios críticos que va desde mayo a agosto.
También se establecen nuevas restricciones a las fuentes fijas de emisión, elevando la exigencia y reduciendo en un 30% las metas de emisión; exigencia de nueva tecnología en maquinaria de construcción; y la prohibición absoluta de leña en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.
Respecto de la leña, el titular de la cartera de Medio Ambiente, Pablo Badenier, reconoció que será difícil fiscalizar la normativa que prohibe totalmente su uso a partir del próximo año. “Estas son fuentes que eventualmente funcionan de noche, no tienen humos visibles y, por la cantidad, tienen una dispersión que es difícil fiscalizar”, argumenta el ministro, agregando además que también se busca una toma de consciencia en la ciudadanía, para que prender chimeneas en la RM “tenga también a futuro una sanción social”.
Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en la RM hay un 117 mil artefactos de calefacción que funcionan a leña, lo que representa sólo el 7% de las viviviendas. Sin embargo, contribuyen con cerca del 30% de la contaminación. Y en ese contexto aclaró que es posible regular la leña en Santiago y prohibirla, no obstante, insistió que “desde el punto de vista de la fiscalización tienen dificultad objetiva”.
El presidente del departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Andrei Tchernitchin, señala a Publimetro que “es evidente que se están haciendo más esfuerzo que antes, lo que es positivo. En la RM apoyo completamente la prohibición de la leña como combustible para calefacción”.
Respecto de la restricción permanente a vehículos catalíticos, señala que “no me parece pertinente, porque incentiva la compra de un segundo auto”. En ese sentido, plantea la idea de que “algunas personas puedan autorestringirse voluntariamente el uso del auto algunos días de la semana, a cambio de algún incentivo que otorgue el Estado, en el permiso de circulación, por ejemplo”.
El diputado integrante de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara , Leopoldo Pérez, es más critico con el Gobierno y asegura que “ha sido evidente la descoordinación y la improvisación de las
autoridades encargadas del manejo del tema medioambiental en la RM”.
Para el parlamentario, “esto no es un problema de corto plazo y no se arregla de un día para otro
con prohibiciones”. En tono de pregunta plantea que, en el caso de la restricción permanente, “¿aquellos que tienen la posibilidad de adquirir o cambiar sus vehículos con cierta frecuenta y pagar la bencina más cara, tendrán más posibilidades de circular libremente por Chile?”.
Y en ese sentido, concluye cuestionando una propuesta del ministro de Transportes que planteó la idea del pago de un pase diario que exima de la restricción a quienes lo adquieran, señalando que “se autoriza a circular contaminando a quienes tienen los recursos para pagar ese permiso, mientras que la clase media y los más pobres, que con mucho esfuerzo han adquirido un vehículo, se les margina de las calles pues no tienen la posibilidad de sumar otro gasto a su presupuesto”.
PUB / DIG