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El día lunes 25 de enero la usuaria medicinal de cannabis de La Unión, Jessica Cassio, fue citada a declarar a la fiscalía por posesión de autocultivo de la planta.
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Si bien hubo una correcta interpretación de la ley 20.000 en sus artículos 4°, 8° y 50°, debido a que no fue detenida, y se respetó su condición de usuaria medicinal de cannabis luego de presentar certificado médico, el fiscal ordenó el retiro de sus plantas.
“Lo sucedido en La Unión es un pequeño avance, ya que la usuaria no fue detenida y no se le pasó posteriormente a control de detención, lo que celebramos, porque se le respetó su condición de usuaria medicinal, pero aún se mal aplica y se vulnera el derecho a la salud de esta persona cuando se le quitan sus plantas para su posterior destrucción”, comentó la Directora Ejecutiva de la Fundación Daya, Ana María Gazmuri.
Ante este caso, Gazmuri señala que “hay un avance a medias, ya que en este caso corresponde devolver las plantas a la usuaria hasta que haya una determinación del juez y así no vulnerar su derecho a acceder al tratamiento”.
Por otro lado, la Presidenta de la Fundación Mamá Cultiva, Paulina Bobadilla, coincidió con Gazmuri, señalando que “está cambiando el paradigma, porque la usuaria no fue criminalizada, pero no estamos conformes con la orden del juez de confiscar las plantas”.
Además, Bobadilla hizo un llamado a los usuarios medicinales de cannabis de regiones. “No están solos”, comentó, ya que existe un trabajo en red de ambas fundaciones con los usuarios de todo Chile. Sobre esto, Gazmuri agregó que “nuestro trabajo está presente, literalmente, de Arica a Punta Arenas, y estamos en constante comunicación con los usuarios que viven dentro y fuera de Santiago, atentos a que no se les vulnere el derecho a su salud, activando la red cada vez que esto sucede”.
“Visibilizar lo que ocurre es una manera de proteger a los ciudadanos que están siendo vulnerados”, puntualizó la representante de la Fundación Daya.
PUB/VJ
