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El gobernante Partido de los Trabajadores (PT), la Central Única de Trabajadores (CUT) y diversas organizaciones sociales llamaron a manifestarse en unas 30 ciudades, «en defensa de la democracia, de los derechos de la clase trabajadora y contra el golpe», en referencia al proceso de destitución que la oposición quiere abrir en el Congreso contra Rousseff.
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Alta tensión
La jornada será de alta tensión, dado que miles de opositores siguieron expresando sus reclamos después de las masivas marchas del domingo. Y su determinación redobló tras la polémica designación del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), investigado por corrupción en el marco del escándalo Petrobras, como jefe de gabinete de Rousseff.
En Brasilia, la policía recurrió el jueves a granadas lacrimógenas y bombas de ruido para mantener alejados del palacio presidencial y del Congreso a miles de personas que se mantenían congregadas después de medianoche.
En Sao Paulo, capital económica del país y epicentro de las protestas del domingo, decenas de manifestantes antigubernamentales pasaron la noche frente a la poderosa Federación Industrial (Fiesp), iluminada con los colores verde y amarillo de la bandera nacional y con una inmensa banderola cruzada que pedía «Impeachment Ja» (Destitución Ahora).
«Vamos a hacer una protesta como la que hubo en Ucrania. No saldremos de aqui hasta que caiga Dilma», dijo a la AFP Cristiane Galvao, militante de un grupo denominado Patria Amada Brasil.
Los organizadores de las marchas progubernamentales del viernes resaltaron el «carácter pacífico» de la jornada y pidieron que las fuerzas de seguridad «garanticen el derecho de todos» a expresarse públicamente.
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La propia Rousseff atribuyó a tentativas golpistas el proceso de destitución que propugna iniciarle la oposición, por supuesta manipulación de las cuentas públicas.
«La gritería de los golpistas no me va a sacar del rumbo ni va a poner de rodillas a nuestro pueblo», declaró la mandataria el jueves, en la ceremonia en la cual Lula fue investido ministro de la Casa Civil (jefe de gabinete).
Rousseff recurrió a su mentor y predecesor en el gobierno para tratar de recomponer una coalición que hace aguas, a fin de impedir que la propuesta de impeachment recoja los dos tercios de votos necesarios en la Cámara para seguir avanzando.
Una misión difícil para una mandataria que tiene apenas un 11% de popularidad y enfrenta una fuerte recesión económica, agravada por un alto índice de inflación.
La popularidad de Lula, por su parte, no está en sus horas más altas, y las peripecias de su nombramiento pusieron a la defensiva al ícono de la izquierda latinoamericana.
Eclipse
Dos jueces presentaron recursos para bloquear su entrada en funciones, alegando que su principal propósito era otorgar fueros especiales al exmandatario, investigado por presunta ocultación de bienes en el marco del escándalo Petrobras.
El impacto esperado de la llegada de Lula al gobierno se vio rápidamente eclipsado por la divulgación de una llamada telefónica que avivó esa sospecha.
Esa filtración sirvió de catalizador a los adversarios del gobierno, pero también a sus partidarios, que vieron en ella un encarnizamiento del juez Sergio Moro, que lleva el caso Petrobras.
«No hay justicia cuando las garantías constitucionales de la propia Presidencia de la República son violadas», proclamó Rousseff.
Los mercados apuestan abiertamente por el fin de la presidencia de Rousseff, con fuertes subidas bursátiles cuando se producen hechos que debilitan su mandato.
«El mercado está celebrando el fin de este gobierno», resumió el jueves André Leite, de TAG Investimentos, al comentar la espectacular alza de la Bolsa de Sao Paulo, de 6,6%, en su mayor avance diario en siete años.
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