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El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, señaló que la marcha no autorizada que se realizó este jueves sólo estuvo conformada por “un grupo reducido de estudiantes” y reiteró que “la voluntad de diálogo” del Ejecutivo es “permanente”.
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“Los informes preliminares de la marcha de estudiantes convocadas para este jueves indican que solo estuvo conformada por un grupo reducido de estudiantes que intentó avanzar por un recorrido distinto al autorizado por la Intendencia Metropolitana”, señaló Díaz.
Asimismo, reiteró que desde el Gobierno “estamos avanzando” en materia educacional y “si hay algo que los chilenos tienen muy claro es que este es un Gobierno que ha hecho muchas transformaciones” que “son irreversibles, que llegaron para quedarse”.
El titular de la Segegob también enfatizó que “en el marco de la discusión prelegislativa de la reforma a la educación superior se han sostenido más de 200 reuniones con distintos actores del ámbito educativo y también legislativo”.
Asimismo resaltó que como respuesta a los anhelos de la ciudadanía “estamos despachando y avanzando en el Congreso en la creación de un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública”, para que “la calidad de la gestión de los colegios no dependa de los recursos de un municipio, que son desiguales”.
Díaz reiteró que el Ejecutivo estará “siempre disponible al diálogo para que estas movilizaciones tengan lugar en el marco del respeto, de la libertad de expresarse, pero también del respeto a aquellos que no son parte de las movilizaciones”.
Consultado por el inserto publicado este jueves en el diario El Mercurio donde se cuestiona el rol que ha tenido el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) frente al accionar de Carabineros, Díaz dijo que cualquier persona puede suscribir una misiva pero que en este caso no hay claridad respecto de los roles institucionales.
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En ese sentido, manifestó que «se le pide al Gobierno que interfiera», pero «el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un ente público autónomo, que se creó precisamente para que fiscalice el respeto el respeto y la observación de las normas que protegen los derechos humanos en Chile. El Instituto incluso puede observar la conducta del Gobierno en esta materia”.
“Por tanto, no es responsabilidad del Gobierno señalarle al Instituto cómo tiene que cumplir las obligaciones y cómo tiene que ejercer las facultades que la ley le entrega», concluyó el vocero Díaz.
PUB/NL
