- Procesan a Cristina Fernández por asociación ilícita y embargan sus bienes por más de US$643 millones
- Las otras aristas judiciales que podrían agravar la situación de Cristina Fernández
En agosto pasado, según consigna el diario argentino Clarín, el fiscal Gerardo Pollicita hizo un pedido formal al juez Julián Ercolini para investigar a Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta del país, en el marco de una investigación que la ubicada como posible líder de una trama de asociación ilícita durante su gobierno. Esta petición estaba apoyada por un informe en el que se describía, como nunca antes, el entramado montado por los Kirchner para enriqueserse a costa de las obras públicas. Este consistía en cuatro pilares fumdanentales:
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1. La inclusión de un amigo de la familia Kirchner en el negocio de la construcción de carreteras: dos semanas antes de que Néstor Kirchner asumiera como presidente de Argentina, el 25 de mayo de 2003, Lázaro Baez, quien está procesado por lavado de dinero, constituyó la firma Austral Construcciones S.A.
2. La masificación a nivel nacional de una estructura provincial montada con gente de confianza: esto se consiguió con la modificación de la Ley de Ministerios, con la que se creó una institución dependiente del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través del cual se pudiera hacer todo el entramado ilícito. Este quedó a cargo de Julio Miguel de Vido, quien había sido Ministro de Gobierno en la provincia de Santa Cruz. Su tarea sería elaborar la política nacional en obra vial y de adjudicación, ejecución y control de las obras públicas. Además, otras personas de confianza de Néstor Kirchner que venían trabajando con él en la provincia, pasarían a ocupar otros cargos clave para la supervisación del entramado.
3. La mayor concentración económica de obra pública vial, en la provincia de Santa Cruz: una vez montada la estructura que garantizaría la protección de las asignaciones viales ilícitas, el gobierno destinó el 11,2 por ciento de los recursos públicos para el desarrollo de infraestructura vial a la provincia de Santa Cruz, donde todo el equipo designado trabajó con Kirchner durante tres años. «Tal como se desprende del informe de la Dirección Nacional de Vialidad, la provincia de Santa Cruz fue la provincia más beneficiada en la transferencia de fondos públicos para la realización de obras viales», dice el informe de Pollicita. A esta provincia se le asignaron incluso más recursos que a la de Buenos Aires, por lejos la más poblada del país.
4. La puesta en práctica del direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema que permitiera el beneficio exclusivo de Lázaro Báez de los fondos estatales: fueron varias las empresas que, bajo el alero de Báez, participaron en las licitaciones de obras públicas de construcción vial, las que fueron rotando en las asignaciones. Todas, finalmente, tenían el mismo destino: Austral Construcciones S.A., a pesar de que estas empresas recurrieran en faltas graves como atrasos en la entrega de las obras, sobrepecios y adjudicaciones, en muchos casos, sin competencia.
PUB/FHA