El Gobierno de Donald Trump estableció durante esta jornada las nuevas directrices de control migratorio en EEUU, entre ellas acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes migratorios.
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Entre las directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, figura la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).
«El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EE.UU.», subrayan las directrices.
El «nuevo veto migratorio»
En las medidas se especifica un cambio en las políticas que precisa que no solo perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, si no que también aquellos que hayan «abusado» de los beneficios públicos o que, «a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional».
El Departamento de Seguridad Nacional agrega que «ya no eximirá a clases o categorías de extranjeros indocumentados de una potencial aplicación de la ley», es decir, de una deportación.
Esto supone un notable cambio respecto a las directrices marcadas durante el anterior Gobierno de Barack Obama, que ordenaba no llevar a cabo estas deportaciones en base a violaciones menores de la ley como conducir sin licencia o tener una luz rota del vehículo.
Por otro lado, el Ejecutivo otorga mayor capacidad legal a los agentes migratorios federales, así como permitirá que agentes estatales o locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio.
