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El plan que busca fortalecer la Educación Pública a nivel superior tiene una «pata» que no ha estado exenta de discusiones por parte de los diversos rectores que conforman el Consejo de Rectores de las universidades chilenas.
Sin embargo, un hecho real es que se aproximan reformas que buscan cambiar el panorama actual de la Educación en el país. Una de ellas es el proyecto de ley sobre Universidades del Estado, el cual busca principalmente ampliar la oferta de Educación Pública Superior de Calidad.
A raíz de ello se busca crear 15 Centros de Formación Técnica Estatales. De los cuales cuatro rectores ya han sido nombrados, dos de estos centros deben iniciar sus actividades en marzo de próximo año, completando cuatro durante 2018, mientras que otros siete deben estar ofertando sus matrículas de aquí al fin de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet.
Además, define a las universidades estatales como organismos autónomos que forman parte de la Administración del Estado. Lo cual traería múltiples cambios respecto a la gobernanza, administración, fiscalización y carrera académica de los centros de estudio.
«Esto se refleja en precisar cómo se vinculan las universidades con el Estado en distintas materias, y una de ellas es justamente la celebración de convenios. Es decir, distintos temas en los cuales las universidades pueden trabajar para algún otro órgano del Estado y que no sea necesario que se realice por sistema de compras pública», afirmó la jefa de la División de Educación Superior, Alejandra Contreras.
Bonos de incentivo al retiro para académicos, para integrar a becarios Conicyt en los centros educativos, son otras de las medidas que impulsa este proyecto de ley.
Nuevas estructuras en la Gobernanza
El tema de la gobernanza ha sido quizás el más polémico de todos por el rechazo constante que mantuvo el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Tras las opiniones manifiestas, el Ejecutivo integró una última indicación, la cual permitiría que los planteles educativos que tuviesen estatutos elaborados o aprobados en democracia puedan mantenerlos.
De no ser así, se propone un sistema general para todas las universidades generales basado en un Consejo Superior, rector, Consejo Universitario y una Contraloría Universitaria.
Respecto a este modelo, el Consejo Superior estaría compuesto por 9 miembros: tres representantes del Presidente; cuatro integrantes de la universidad (2 académicos, un funcionario y un estudiante); un egresado de destacada trayectoria y vínculo profesional con la región; y un rector.
Estos últimos durarán 4 años en el cargo, solo podrán reelegirse una vez y serán escogidos por otros académicos pares. A diferencia de las políticas actuales, todos los académicos contratados o de planta tendrán derecho a votar.
Financiamiento asegurado por ley
Según datos entregados por el Mineduc, entre 2014 y 2017, el financiamiento basal (directo-no por becas) a las universidades del Estado aumentó en un 50%, superando este año los $200 mil millones.
Además, se espera que para este 2018 sea incorporado la cuota del plan de fortalecimiento a 10 años, lo que implica una inyección de $150 mil millones. Cuya distribución se establecerá en la ley de presupuestos del Estado. Este plan común permitiría que a decisión de los rectores, se pudiese inyectar más dinero a las universidades ubicadas en zonas extremas, que son las que reclaman más recursos.
Respecto a las votaciones, la jefa de la Divesup afirmó que existe un cronograma muy estricto y exigente para avanzar en el proyecto, ya que esperan que el proyecto sea Ley durante la actual gestión. Sin embargo, se espera que la ley pueda ser despachada durante noviembre por el Congreso.
