La tensión por Punta Peuco no cierra: Gobierno se enfrenta por dichos de ministro de Justicia que ponen en duda clausura del penal

La ministra vocera de gobierno tuvo que salir a dar explicaciones por los dichos del titular de Justicia quien aseguró que la presidenta nunca ha prometido cerrar Punta Peuco.

Por Felipe Betancour
UNO
La tensión por Punta Peuco no cierra: Gobierno se enfrenta por dichos de ministro de Justicia que ponen en duda clausura del penal

¿Un compromiso no cumplido? El cierre de Punta Peuco nuevamente aparece en la agenda del gobierno de Bachelet a pocos meses de terminar su mandato. Ahora fue el ministro de Justicia, Jaime Campos, quien reflotó el tema al negar el supuesto compromiso de Bachelet de cerrar el penal.  “¿Alguien ha escuchado a la Presidenta decir: ‘Voy a cerrar Punta Peuco’? Yo no lo he escuchado”, aseguraba Campos en la Cámara de Diputados.

El secretario de Estado estaría contradiciendo el compromiso adquirido por Bachelet en 2015. En ese año la mandataria mantuvo una reunión con la víctima del caso quemados, Carmen Gloria Quintana, en el que ella comentó que la presidenta se habría comprometido a cerrar Punta Peuco. “Lo único que sé es que una señora (Carmen Gloria Quintana) dijo que había hablado con la Presidenta y le había dicho (sobre el cierre del penal) y el resto han sido puras interpretaciones periodísticas", continuaba Campos en su intervención en su visita a la Cámara.

A poco más de cuatro meses que se terminé este gobierno se abre una interrogante que ha rondado desde el inicio del mandato. ¿Se cierra o no se cierra Punta Peuco? Ana Merino, Presidenta de la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, aseguró a Publimetro que durante el primer año de gobierno la organización entrego un petitorio con 17 puntos en esta materia. El documento incluía, entre otras, la investigación de las fosas clandestinas en Villa Grimaldi y el cierre de Punta Peuco. En esa reunión la mandataria se mostró comprometida y dispuesta a hacer cumplir todas las demandas.

Para tratar de ponerle años frÍos a la situación, la vocera de gobierno Paula Narváez, tuvo que salir a relativizar la situación. “No hay ninguna novedad en las palabras del ministro Campos si ustedes las escuchan bien . Más bien responden a un estilo particular que tiene él de comunicar”, intentó explicar Narváez.  La secretaría de Estado aseguró que el cierre si está en los planes del gobierno. “Es un tema que se está evaluando, y en el momento que exista una decisión al respecto, será informada oportunamente”.

La “señora” Quintana.

La polémica no solo quedó en el fondo de las palabras de Campos sino también en la forma. El ministro de Justicia se refirió como “una señora que dijo que había hablado con la Presidenta”, aludiendo a Carmen Gloria Quintana.

La forma despectiva en que se refirió a Quintana provocó reacciones diversas entre los políticos. Fue el diputado Hugo Gutierrez (PC) quien demostró su malestar con los dichos pidiendo la renuncia de Campos.

"Comprometer la palabra de la Presidenta de la República y ofender a una víctima manifiesta y evidente de la dictadura que encabezó Pinochet me parece que son hechos que merecen un reproche en su calidad de ministro. Ese reproche tiene que materializarse en su renuncia", sentenció Gutiérrez.

Por su parte la ministra vocera de gobierno pidió no "sobreinterpretar" las palabras de Campos. "No hagamos atribuciones, yo creo que en esto sobre interpretar los dichos no contribuye a entender el fondo de la situación. Yo no tengo ninguna duda del máximo respecto que puede expresar el ministro de Justicia respecto de Carmen Gloria Quintana", concluyó.

Gabriel Silver (DC) , diputado por la zona donde se emplaza Punta Peuco, también se mostró extrañado por los dichos del titular de Justicia. "El ministro no puede tan libremente ponen en duda la palabra de Carmen Gloria Quintana, un emblema de las víctimas a las violaciones a los derechos humanos de la dictadura".

No a la libertad condicional

Durante la tarde se dio a conocer que la Comisión de Libertadores Condicionales negó el beneficio carcelario a 25 condenados por delitos de lesa humanidad. Entre los solicitantes se encontraban el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, y el ex brigadier de Ejército y ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff.

La razón que entregó la comisión para negar la libertad fue que los informes psicosocial de los integrados eran negativos. "Tienen insuficiente o inexistente conciencia del delito y daño ocasionado a cuantas de aquel, o validando o justificando conductas delictuales, entre otros aspectos negativos de su personalidad", asegura el documento remitido a los abogados de Krassnoff.

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