Los persecutores insignia del caso Penta dimitieron el viernes pasado. Se trata de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Luego de conocida su decisión, varios parlamentarios cuestionaron la salida alternativa que ofreció el Ministerio Público a Iván Moreira.
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¿Por qué? Los fiscales mencionados renunciaron, pues tras años trabajando en el caso Penta, uno de los jefes de la Fiscalía, Manuel Guerra, decidió que el acusado pague $35 millones dentro de un año y así quede sobreseído. Por eso renunciaron.
«Esto deja muy mal parada a la fiscalía»
Germán Silva, analista político y académico de la Universidad Mayor señaló a Publimetro que todo lo conocido hasta ahora sobre esta situación «deja muy mal parada a la Fiscalía Nacional». «Esta era una de las instituciones menos cuestionadas, pero con esto se puede decir que la fiscalía ha ido sumando cosas», explicó el analista.
Esto, pues a juicio de Silva, los casos de filtraciones de información a la prensa y la tensión que se ha ido generando en juicios vinculados con el mundo político fue siendo complemento para acrecentar la desconfianza por parte de la población en general.
«Se podría señalar que hay una tensión a interior de la Fiscalia Nacional, entre aquellos que quieren solucionar este tipo de caso a través de la vía judicial y aquellos que están de acuerdo con el establecimiento de acuerdos como el que se le ofreció a Moreira», agregó Silva.
¿Qué ocurrirá con los casos que llevaban?
Los dos fiscales que presentaron su renuncia llevaban, entre otros, el emblemático caso Penta, relacionado con el financiamiento de la política. Para los especialistas, la opinión pública se está preguntando «qué pasará finalmente con estos casos». Es muy probable que lo tomen otros profesionales del área.
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Así lo confirmó precisamente uno de ellos. El fiscal Carlos Gajardo señaló en entrevista con el diario La Prensa de Curicó que «en la fiscalía hay otros 700 fiscales que realizan todos los días su trabajo».
«Quedará con una imagen dañada ante la ciudadanía»
Por otra parte, el abogado y presidente de Fundación Participa, Daniel Ibáñez señaló que con esta situación «la fiscalía nacional puso en hipoteca su credibilidad». «Dieron una mala señal y quedarán con una imagen dañada ante la ciudadanía», agregó. Para el abogado, lo mejor hubiese sido que llevaran el caso hasta una instancia de juicio oral.
«Hacerlo pagar una multa, cuyo valor significa sólo 3 o 4 meses de dieta parlamentaria, para luego seguir ejerciendo el cargo con normalidad genera un daño tremendo», agregó. Para Ibáñez este daño no es solo a la imagen de la Fiscalía Nacional, sino que es un «daño a la democracia y a la institucionalidad política».
«Hay que tener presente, que con acciones como estas, queda abierta la posibilidad de que los fiscales podrían estar afectados por poderes políticos y económicos. Aquí quedó sobre la mesa un tema ético», concluyó el representante de Fundación Participa.
