El fin de semana recién pasado el intendente Felipe Guevara estuvo en medio del ojo político. El millar de Carabineros desplegado en la popularmente bautizada “Plaza de la Dignidad” el viernes 20 terminó de la peor manera. Y podría incluso terminar de la peor para el futuro político del intendente Felipe Guevara.
La mañana del sábado los partidos de oposición salieron en masa, desde el PS hasta la DC, a pedir la renuncia del intendente metropolitano. La respuesta del gobierno fue el respaldo a la gestión y estrategia de Guevara, cuya autocrítica fue nula: “Todos puedan pedir lo que quieran, mi trabajo es mantener el orden público”.
Pero la desconfianza desde la oposición comenzó el viernes en la mañana, cuando el “intendente es muy desafiante y hace su informe de Tolerancia 0”, dice a Publimetro el jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis. “Con eso claramente señala que va a limitar el legítimo derecho de la gente a reunirse y manifestarse y protestar”.
El resultado de la gestión fue un número aún indeterminado de heridos y la fractura pélvica del joven de 20 años, Óscar Pérez, atropellado por dos carros lanza gases. Para Celis, el caso de Óscar fue “la guinda de la torta” que los llamó a llevar la petición de renuncia más allá y reunirse con los jefes de bancada del PS y la DC. “Concordamos todos que esta situación que hemos visto en Santiago no puede quedar en la impunidad respecto a la responsabilidad administrativa”, comentó, además de confirmar que los abogados de los partidos ya están trabajando en los “aspectos jurídicos” y según informes preliminares “hay elementos suficientes” para llevar adelante la acusación constitucional.
Acusación Constitucional contra Guevara
“Si no hay una respuesta que satisfaga la demanda ciudadana y el respeto a los DDHH nosotros sí estamos dispuestos a avanzar junto a la oposición en eso”, confirmó Celis.
Desde el Frente Amplio también hay disposición y votos para dar curso a esta instancia. “Es un peligro en el cargo”, sentenció el diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social, quien cree que “acusarlo constitucionalmente es un deber ético cuando manda miles de carabineros a las calles, sin respetar el derecho de reunión, violando DDHH de manifestantes.
Por su parte la diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, concuerda en que Guevara “debe dar un paso al lado”. “El gobierno está superado hace mucho y no es capaz de garantizar el orden público ni menos el respeto de los DD.HH de la población. No descartamos la acusación constitucional, las responsabilidades deben quedar esclarecidas y las instituciones deben refundarse”, dice refiriéndose también a la petición de renuncia del general Mario Rozas.
Para la diputada Claudia Mix «el intendente Guevara ha asumido como propia la declaración de guerra que realizó el presidente Piñera al inicio de la crisis». A su juicio esto lo representó «durante su gestión ha amenazado de forma permanente con represión a los manifestantes y el viernes pasado sitió el centro de Santiago con efectivos policiales desplegando una enorme represión que casi terminó con un muchacho muerto». Además la diputada del partido Comunes es tajante al decir que Guevara «ha puesto en riesgo la vida y la integridad de las personas que se manifiestan, por lo que su acusación constitucional está justificada».
