Este miércoles el machi Celestino Córdova y otros 26 comuneros mapuche completan 94 días en huelga hambre. A pesar de que la medida busca presionar a las autoridades para que se acojan una serie de demandas, las posturas no se han acercado. Por el contrario, los ánimos están cada vez más tensos y el ambiente en La Araucanía está crispado.
Tras los violentos hechos ocurridos durante el fin del semana en Victoria y Curacautín, las manifestaciones van al alza y lo mismo con las denuncias de abuso policial.
Durante la jornada, Carabineros reportó de una nueva movilización en la zona: «Un grupo de 100 personas aprox. (hombres, mujeres y niños), ingresaron a la Municipalidad de Tirúa y mantienen una toma del recinto».
«Sabemos que lo ocurrido no es un hecho aislado y es parte de una estrategia violenta de represión en contra de todo nuestro pueblo nación mapuche, piloteando nuestros cielos con aviones militares, realizando movimientos tácticos de militares», aseguraron quienes mantienen la toma indefinida del municipio en una declaración. Denuncian los ataques «racistas y cobardes» de agentes del Estado.
Entre las demandas, destaca: Establecer una mesa de diálogo entre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y los huelguistas, «para que se aplique el convenio 169 de la OIT»; libertad de «todos los presos políticos mapuches y no mapuches»; traslado inmediato de Tomás Antihuen Santi a la cárcel de Lebu; y el cese de toda agresión hacia el Pueblo Mapuche.
Comuneros v/s La Moneda
La sensación de manifestantes y comuneros es que el Gobierno está de brazos cruzados y cerrados al diálogo. Insisten en que la actitud discriminatoria hacia el Pueblo Mapuche persiste, y así lo hicieron ver Cristina Romo y Rodrigo Curipán, representantes de los huelguistas, en el marco de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado donde se analizó la situación.
Desde La Moneda, ciertamente, desestiman aquello. En la misma instancia, la ministra de Desarrollo Social, una de las carteras que ha tomado como bandera de lucha restablecer las relaciones en la región, anunció acciones legales por los cánticos racistas y violencia en la zona.
«Estoy empapándome de un proceso que ha estado -lamentablemente- lleno de bemoles, y donde la confianza con el Estado y con nuestro Gobierno y los gobiernos anteriores, está bastante mermada», dijo Karla Rubilar.
Si bien «el conflicto» está siendo analizando desde la perspectiva de diferentes Ministerios (incluido Interior y Seguridad Pública), desde Palacio recalcan que la huelga de los comuneros debe ser destrabada por la cartera que encabeza Hernán Larraín, Justicia.
Desde ahí, también afrontan la situación poniendo sobre la mesa el listado de acciones que se han tomado a fin de ratificar el convenio 169 de la OIT y cumplir con compromisos adquiridos a lo largo de las interminables «negociaciones» con representantes mapuche.
En línea con la exposición del subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, en la sesión de la Comisión de DD.HH. del Senado, la cartera elaboró una minuta en que se detallan las «acciones tendientes a reforzar los principios contenidos en el Convenio 169 en el ámbito penitenciario y a resolver la situación de huelga de hambre de un grupo de presos mapuches en la Araucanía».
Así, enumeran los cuatro «Diálogos Interinstitucionales en materia cultural y religiosa en Establecimientos Penitenciarios», cuyo fin es elaborar un diagnóstico y luego una propuesta que permita incorporar elementos multiculturales y religiosos en la normativa que rige a los establecimientos penitenciarios.
Asimismo, recalcan que la división ya ha incorporado modificaciones, y que «fruto del trabajo del Ministerio y Gendarmería de Chile, y de diversas reuniones e intercambio de documentos con la propia Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y el Colegio Médico (COLMED), se llegó a la dictación el 29 de julio de la resolución exenta 3925, que establece nuevas disposiciones sobre el Reglamento Penitenciario en consideración a la normativa nacional e internacional sobre pertinencia cultural y religiosa».
Cambios en protocolos
Desde la cartera evidenciaron que con las modificaciones adoptadas «se mejoran desde ya las condiciones de reclusión de personas pertenecientes a los distintos pueblos originarios y credos existentes en Chile».
- Se procurará aplicar un enfoque intercultural en la evaluación de la conducta para el proceso de reinserción social, mientras no se implemente en los establecimientos penitenciarios un proyecto educativo con enfoque intercultural.
- Derecho a la Salud y Acceso a medicina tradicional: se ha instruido a los directores regionales y jefes de unidad autorizar el ingreso a los establecimientos penitenciarios de aquellos médicos pertenecientes a los pueblos originarios o su equivalente a quien ejerce dicha función de sanación.
- Tratamiento disciplinario a privados de libertad en huelga de hambre: se entiende que la huelga de hambre desarrollada en forma pacífica no será susceptible de consecuencias disciplinarias.
- Manifestaciones espirituales y religiosas: se asegurarán espacios para que todas las expresiones de esta índole, propias de las religiones tradicionales en nuestro país o de las expresiones espirituales de los pueblos originarios, se puedan ejercer con la mayor plenitud posible, atendida la realidad del régimen penitenciario.
Libertad de presos políticos
Una de las principales demandas que surgen en las manifestaciones es libertad para los presos políticos, pero de aquello, Justicia da un paso al lado. Desde la cartera indican que quienes se encuentran privados de libertad, lo están porque así lo ha determinado un tribunal imparcial e independiente. «No le corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ni al gobierno intervenir en dichas competencias propias de los tribunales de justicia», recalcaron.
Junto con ello, hicieron presente que se ha apelado al Convenio 169 para sostener la exigencia de libertad o de conmutación de la pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario total. Dicho Convenio, reconocen desde el Ministerio, establece que «deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento», pero aclaran que sanciones más gravosas no quedan prohibidas «tratándose de casos graves».
Del mismo modo, y dado que también se ha invocado el contexto de la Pandemia para exigir tal liberación, desde Justicia recordaron que, a propósito de la emergencia, se aprobó la Ley N° 21.228 sobre Indulto Conmutativo. Esta permitió que personas privadas de libertad pudieran modificar su condena privativa de libertad, cumpliéndose determinados criterios.
Así, evidenciaron que la normativa benefició a 1.556 personas, de las cuales un 3,7% corresponde a personas pertenecientes a pueblos originarios. Respecto de la prisión preventiva, agregaron, un 9% de los casos benefició a personas provenientes de pueblos originarios.
