«Las amenazas a la fiscal son graves, condenables y afectan seriamente el Estado de Derecho». Así de categórico fue esta tarde el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, a la hora de anunciar que el Gobierno presentó una querella en contra del detenido que se le incautó una subametralladora. Todo, en el marco de los hechos que afectaron a Ximena Chong.
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Sin embargo, esa postura la expresó en circunstancias que salió a aclarar palabras que había entregado más temprano, cuando tildó de «utensilios» los elementos incautados en medio de la detención de ocho personas en el marco de la investigación. Y es que no pasó desapercibido ese término, pues entre los elementos requisados había una subametralladora UZI, arma prohibida en el país.
«Como Gobierno hemos decidido presentar una querella criminal por Ley de Control de Armas en contra del poseedor de esta arma de fuego, con penas que son las más altas de nuestro ordenamiento jurídico, que van de 3 años y un día a 10 años de prisión, para aquellas personas que son las responsables de tener o utilizar armas prohibidas en nuestro país», dijo.
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La querella
De acuerdo con los hechos descritos en el texto ingresado por la abogada que representa a la Intendencia Metropolitana, en horas de la madrugada del 26 de noviembre, en el marco del diligenciamiento de una orden judicial de entrada y registro, personal policial ingresó al inmueble ubicado en calle Villasana, comuna de Quinta Normal, que corresponde al domicilio del querellado Pablo Martínez Castro, «quién mantenía en su poder, sin contar con la debida autorización, una subametralladora marca IMI ISRAEL, calibre 9mm, con su respectivo cargador y 17 cartuchos calibre 9mm, sin percutar».
Se detalla que aquello, «configuran el ilícito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, previsto y sancionado en el artículo 13° en relación al artículo 3° de la Ley 17.798».
«Los hechos denunciados en la querella afectan gravemente el orden público, en tanto la tenencia y posesión de armas de fuego es privativa del Estado Chileno, monopolio que cede bajo el cumplimiento de ciertos requisitos estrictos establecidos en la Ley de Control de Armas», complementa.
Asimismo, se explica que «el porte y/o tenencia ilegal de armas está ligada a la comisión de delitos violentos como homicidios, tráfico de drogas, delitos contra la propiedad, entre otros, los que afectan gravemente la seguridad pública, y, es por ello, que la Ley de Control de Armas busca evitar, de forma general, que las personas utilicen o posean armas sujetas a control, de manera que estas no puedan circular sin la autorización y el debido registro de la autoridad competente».
En la querella, además, se pide tener presente que el Ejecutivo se hará parte de las denuncias presentadas contra Martínez Castro, «por todos aquellos otros ilícitos que resulten comprobados durante el curso de la investigación, con el objeto que sea formalizado, acusado, y, en definitiva, condenado a las penas establecidas por la ley».
Solicitudes
En el marco de la acción, se solicitó al Ministerio Público:
- Oficiar a LABOCAR de Carabineros, para que realice peritaje balístico al arma y municiones incautadas, e indique si se encuentran aptas para disparo, si están modificadas, si están vinculadas a otras investigaciones policiales, y demás información que puedan aportar.
- Se oficie a la Dirección General de Movilización Nacional para que remita información respecto al registro del arma incautada, y respecto a si el imputado registra permiso de porte o tenencia de armas.
- Y que se oficie a LABOCAR de Carabineros, para que realice informe planimétrico del sitio del suceso.