Dada la relevancia que ha alcanzado el caso de un menor presuntamente maltratado que rogaba por ayuda, y que estaba bajo el cuidado de una residencia del Sename, esta jornada Lorena Bruna, coordinadora del Centro de Medidas Cautelares de Tribunales de Familia, se constituyó en el cuestionado centro, la Residencia Familiar Carlos Antúnez.
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Tras tomar conocimiento ayer del caso, de inmediato pidieron un informe a la residencia, y hoy pudo reunirse con la directora del mismo. Y en la cita, según dijo, se le informó que la reacción del menor corresponde a una «desregulación emocional» y que activaron los protocolos que para esto se definen. Dieron por descartado, así, que se hubiese maltratado al niño.
«De manera preliminar, lo que puedo aseverar es que se activó el protocolo que exige este tipo de situaciones, porque aquí lo que pasó fue una desregulación emocional, según se informó. Se activa el protocolo para poder contener a este niño, que exige llamar al SAMU para que aborde esta situación, y también a Carabineros», relató.
Sin embargo, al lugar sólo llegó Carabineros y no el personal de salud mencionado. «Llegan carabineros, mas no el SAMU, por eso el protocolo se activó, pero no es eficaz».
Descartando entregar detalles del estado de salud puntual del menor, Bruna hizo presente que «son casos complejos en que hay niños medicamentados previa prescripción médica de psiquiatras, y son niños que finalmente, por toda la historia de vida que tienen, sienten frustración, rabia y un montón de emociones que, como niños, no las comprenden y los llevan a sufrir episodios de violencia».
De todas maneras, la jueza hizo presente que los datos que obtuvo forman parte de antecedentes preliminares entregados por la residencia. Al margen de esto, el centro debe emitir un informe por escrito y, en paralelo, otros órganos realizarán indagaciones para esclarecer el hecho.
