Magdalena Díaz reconoció telefonazo para quejarse a dueño de La Red en EE.UU.

La jefa de gabinete del Presidente Piñera, la trabajadora social Magdalena Díaz, reconoció en un documento a la Corte de Apelaciones de Santiago que sí llamó al dueño de La Red. En el escrito dice que lo hizo tras la entrevista al ex frentista Mauricio Hernández Norambuena. Esta entrevista apareció el 15 de marzo en Mentiras Verdaderas.

La confirmación del llamado está en un informe que presentó Samuel Donoso, el abogado de Díaz. Este documento es para defenderse de un recurso de protección del senador Alejandro Navarro. El parlamentario interpuso dicho recurso por una presunta violación de la libertad de expresión por el telefonazo a Remigio Ángel González.

En el documento Donoso dice que “el 18 de marzo, mi representada llamó a la secretaria del señor González. Este devolvió el llamado durante el mismo día. Durante la conversación telefónica ella simplemente se quejó a título personal de la entrevista a Hernández Norambuena». Donoso recuerda que el exfrentista está condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán. Además, dice el texto Díaz le transmitió a González los comentarios negativos sobre la entrevista.

Luego Donoso añade: “González incluso le reconoció a mi representada que ‘no era la primera persona que lo llamaba para quejarse por el programa’. Le indicó que una amiga personal suya le había advertido sobre la situación. Mi representada fue enfática en que estaba manifestando su malestar personal respecto a la entrevista». A eso añade que transmitió también «la preocupación particular de Gendarmería”.

Magdalena Díaz y la respuesta

Según afirma el abogado de Magdalena Díaz, el dueño de La Red “se mostró comprensivo de su malestar, entendiendo perfectamente la situación. Sin embargo, le afirmó a mi representada que ‘no tenía relación directa con los ejecutivos de sus canales’». Dice Donoso que González le dijo que él «no era un jefe que liderara los contenidos”.

Expone Donoso que la conducta de Magdalena Díaz no afectó ninguna garantía constitucional. Sostiene que no fue un acto “ilegal ni arbitrario”.