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Para esta mañana está programada una nueva expulsión de extranjeros, a cargo del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y la PDI, pero de acuerdo al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), este operativo no se ajusta a derecho.
El organismo precisó que no se estarían respetando sus derechos humanos; además, y acusan que siete ciudadanos colombianos fueron abandonados en Chañaral luego de que fueran recogidos recursos de amparo a su favor.
La directora del SJM, Valeska Ureta, indicó, según Cooperativa, que «tenemos antecedentes que son entre 30 y 35 personas, no lo sabemos; ese es otro tema que es intolerable. Se estaba intentando levantar la información de estas personas, pero nuestras abogadas no pudieron entrar, no fueron autorizadas«.
El viernes pasado el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, preciso que estas expulsiones son “medidas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, en general; y por la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, en particular”.
