Esta jornada se materializó una nueva expulsión de un grupo de ciudadanos extranjeros que no cuentan con la documentación necesaria para residir en Chile, correspondiente, esta vez, a 72 personas que serán trasladas a Argentina y Colombia, sus países de origen.
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Según detallaron las autoridades, 45 de los individuos serán regresados por expulsión judicial, es decir, porque cuentan con una condena de tribunales por delitos como secuestro, tráfico de armas, tráfico de drogas e incluso robo con violencia, mientras que el resto es por causas administrativas, tras confirmar que cuentan con antecedentes paneles en sus países de origen.
Al respecto, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, explicó que “ninguno ha solicitado la regularización, a diferencia de los 300 mil extranjeros que ya iniciaron su trámite, a diferencia de los 77 mil extranjeros que ya tienen su visa en trámite y su permiso de trabajo. Son extranjeros que teniendo antecedentes penales o habiendo ingresado clandestinamente, no hicieron ningún proceso y esperamos que se puedan reinsertar en su país de origen, dado que en Chile no podrían tener visa”.
En esa línea, sostuvo que “seguimos con el compromiso de aquellos extranjeros que no han cumplido con la norma, que no han cumplido con la ley, que tienen antecedentes penales o han cometido delitos, van a ser expulsados, ya que aquellos que se queden en Chile son justamente los que vienen a aportar, a desarrollarse y eso mejora la relación entre nacionales y extranjeros”.
“Vamos a seguir expulsando siempre apegados a los derechos humanos, a la normativa vigente, pero no es aceptable que extranjeros con antecedentes penales estén en Chile ni que los extranjeros ingresen clandestinamente porque esto termina perjudicando a los propios extranjeros, a los nacionales, porque ponen en riesgo sus vidas, ponen en riesgo ser abusados por estos traficantes, que también estamos expulsando, y no tienen posibilidad de insertarse en Chile”, añadió Bellolio.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, manifestó que el operativo está en orden, pese a que ayer el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunció que no se ajusta a derecho, ya que no se estarían respetando sus derechos humanos de al menos 30 de las personas expulsadas.
“Nuestra legislación migratoria contempla dentro de las posibilidades, de aquellas personas que incumplen gravemente nuestra legislación migratoria, iniciar respecto de ellas un proceso de expulsión, y se inicia respecto de cada una de las personas porque cada una de ellas comete infracciones migratorias distintas”, planteó Galli.
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Y aclaró que “estas personas fueron notificadas con anticipación, por lo que de haber tenido algún antecedente (para revertir la orden) debieron haberlo presentado con anticipación y no el momento de su detención para su expulsión”.
PDI defiende expulsión de extranjeros
En la instancia, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, prefecto inspector José Ortiz, se refirió a la denuncia conocida ayer, sobre que siete ciudadanos extranjeros fueron abandonados en Chañaral, luego de que durante su viaje a la capital para ser expulsados, la Corte de Apelaciones Arica acogiera un recurso de amparo.
“Ellos fueron detenidos en la ciudad de Arica dentro del marco legal administrativo y posterior a su detención y ya trasladado hacia Santiago, porque desde acá sale el vuelo, se interpuso un recurso que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Arica, y como policía disciplinada, jerarquizada que no cuestiona las órdenes de los tribunales y mucho menos vamos a incumplirlas, fueron dejados inmediatamente en libertad en la ciudad de Chañaral”, comentó al respecto.
Asimismo, argumentó que se procuró que contaran con “conectividad transversal, tanto en redes sociales como también de transporte y sin dejarlo abandonados, por supuesto”, agregando que actualmente algunas personas del grupo aún se encuentran en Chañaral, mientras que otras habrían comenzado su regreso a Arica.
“Nosotros no podemos y no tenemos la facultad legal para seguirlos trasladando porque sería dentro de una figura que estaríamos contraviniendo las órdenes del propio juzgado”, terminó diciendo la autoridad de la PDI.
