El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó la decisión de Chile de acoger en su sede diplomática a Emilio Graterón. Al dirigente opositor lo acusan de la violencia contra el gobierno de Maduro.
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«Venezuela rechaza la decisión del Gobierno chileno de acoger en su sede diplomática en nuestro país a Emilio Graterón» posteó Arreaza en Twitter.
«Es uno de los principales promotores de la violencia sufrida por el pueblo de Caracas en las últimas semanas, haciéndose cómplice de dichas acciones», agregó.
En el comunicado oficial del Ministerio, se acusa a Chile de «contribuir a blanquear la violencia sufrida por la población caraqueña en las últimas semanas». Ello, por brindar acogida «en su sede en Caracas a uno de los principales promotores, solicitado desde hace días por la justicia venezolana».
Canciller de Maduro: «Impopular y moribundo gobierno chileno»
El Gobierno de Nicolás Maduro critica así esta «irresponsable» acción.
«Con esta decisión, al margen de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el impopular y moribundo gobierno chileno se hace cómplice de las acciones violentas contra el pueblo venezolano», señala. Y agrega que así «ratifica su poco interés en la paz y la estabilidad en Venezuela», ha señalado.
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Precisamente Guaidó agradeció al Gobierno chileno la acogida. «Agradecemos al Gobierno de Chile su acogida, en calidad de huésped, al dirigente y exalcalde Emilio Graterón. Una medida que solicitamos en defensa de sus derechos humanos, por la persecución del régimen en su contra y contra toda la alternativa democrática», publicó en Twitter.
El propio Graterón agradeció a todos los que lo «salvan del mal» y la solidaridad que recibe.
Graterón y otros opositores como Gilber Caro, Hasler Iglesias, Luis Somaza, Freddy Guevara y Leopoldo López fueron acusados el martes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El motivo: su vinculación con los tiroteos ocurridos en varias barriadas del occidente de Caracas.
A Guevara lo detuvieron el lunes al mediodía, acusado por la Fiscalía de estar «vinculado con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano».