Miguel Ángel Aguilera, que perdió la alcaldía de San Ramón en la pasada repetición de las votaciones en 65 mesas impugnadas de la primera elección, recurrió al Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana para anular el proceso del pasado 11 de julio.
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Aguilera, quien salió del Partido Socialista luego de ser vinculado al narcotráfico de la comuna y que a fines de este mes deberá ser formalizado por la justicia por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, busca repetir las votaciones que dieron como vencedor al concejal de la Democracia Cristiana, Gustavo Toro, a quien acusa de acarrear votantes a las elecciones.
Según informaron en radio Bío Bío, el argumento que el exedil expone ante el Tribunal Electoral señala que las mesas no estuvieron instaladas a las 10:00 horas, como indica el Servel, y que recién a las 13:00 horas se pudo iniciar el proceso en la totalidad de las 65 mesas donde debía repetirse la elección municipal, lo cual hace que el proceso del 11 esté «irremediablemente viciado», ya que «miles de personas durante las horas de la mañana se debieron retirar de los locales de votación sin haber podido emitir su voto».
Junto con ello, indica la reclamación de Aguilera, se constataron actos de «intervencionismo electoral» del candidato de Renovación Nacional, David Cabedo, quien «visitó de forma improcedente cada una de las mesas receptoras de sufragio» de la Escuela Sendero del Saber, donde «abordó a una serie de electores en los instantes previos a emitir su sufragio, así como también a vocales de mesa que se encontraban desempeñando sus funciones».
También acusó al electo alcalde Toro de haber realizado un acarreo de votantes, mediante el arriendo de transporte para trasladarlos hasta los locales de votación. «Testigos observaron en los alrededores de los locales de votación personas que, con listado en mano, trasladaban a electores en vehículos, manteniendo comunicación por radio entre ellos (…) procediendo a tomar nota de sus datos y del número de folio de sus votos, lo que evidencia actuaciones ilegales y arbitrarias que dan cuenta de un evidente intervencionismo electoral y de una flagrante vulneración al derecho de los ciudadanos a mantener su voto en secreto».
