PDI desarticula banda liderada por una profesora que ganó más de $20 millones por ingresar a migrantes ilegales al país

La Policía de Investigaciones (PDI), en una investigación dirigida por la Fiscalía del Tamarugal, logró detener a cuatro miembros de una banda criminal dedicada al tráfico de migrantes en la zona norte de Chile y liderada por una profesora venezolana.

Se trata de Marialy Cardozo de González, una educadora registrada en la nómina del colegio San Pedro de Alto Hospicio, quien junto a los otros detenidos mantenían esta red de tráfico de migrantes cobrando a los extranjeros una suma de dinero para trasladarlos desde la frontera norte del país hasta un hostal ubicado en la comuna de Pozo Almonte, donde les entregaban la documentación necesaria para proseguir su viaje al sur de Chile.

El fiscal a cargo del caso, Hardy Torres, entregó mayores detalles respecto de la detención de los cuatro integrantes de esta banda que operaba en el norte de Chile desde septiembre del año pasado.

«Gracias a información obtenida por algunas de las personas que cayeron en manos de esta banda y al trabajo policial con seguimientos y escuchas telefónicas realizado por la Brigada de Trata y Tráfico de Personas, pudimos determinar la existencia de una asociación que operaba desde septiembre del año pasado y tenía por finalidad el ingreso a Chile por pasos no habilitados de ciudadanos extranjeros y su internación en el país, todo ello mediante el pago de dinero, facilitando además la documentación que dichas personas necesitaban para su desplazamiento dentro del país, la cual era falsa», señaló el fiscal.

El modus operandi de la banda de la profesora

La agrupación liderada por Cardozo de González, contactaba a otras personas fuera de Chile quienes les daban los datos de los extranjeros que querían ingresar al país. Esa labor era ejecutada por la profesora, quien tras recabar toda la información requerida enviaba hasta la frontera con Bolivia a Lisset Castro Mamani, ciudadana boliviana con residencia en Chile, quien recogía a los migrantes por pasos no habilitados para trasladarlos hasta Pozo Almonte.

En dicho lugar, a los migrantes se les dejaba en un hotel ubicado en calle Libertad, donde Gustavo Fernández Bravo y Alejandra Ulsen Echeverría, los otros imputados de la causa, alojaban a los individuos hasta que la profesora venezolana les entregaba la documentación falsa requerida para moverse por Chile, como el certificado de egreso de residencia sanitaria.

La muerte que alertó a la PDI

La investigación de los operativos de la PDI y la Fiscalía tuvo una duración de cuatro de meses, en los que se pudo establecer que la imputada recibió más de 21 millones de pesos, de los cuales $17 millones en efectivo fueron encontrados en el hotel de Fernández y Ulsen.

Las primeras alertas respecto del ilícito de Cardozo las dio el hallazgo del cuerpo del ciudadano venezolano Domingo Vivas González, un migrante de 51 años que fue encontrado muerto en Colchane, el pasado 17 de marzo.