La Contraloría General de la República instruirá un sumario administrativo contra la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) producto de irregularidades en la entrega de cajas de alimentos. Entre las situaciones descubiertas, las canastas no daban abasto para los 15 días hábiles exigidos y no cumplían con el aporte nutricional requerido para los beneficiados.
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La situación fue advertida en una auditoría realizada entre marzo y septiembre de 2020 a provisiones entregadas en la Región Metropolitana, destinadas a estudiantes que dejaron de ir a clases presenciales por la pandemia del covid-19.
Según informó el ente encabezado por Jorge Bermúdez, las cajas de alimentos «debían contener mercadería para 15 días hábiles». Sin embargo, «el promedio de comida para el almuerzo tenía una duración de 3 a 8 días».
Además, las canastas «poseían poca variedad de alimentos y no cumplían con el aporte nutricional diario para infantes de sala cuna hasta educación media».
A ello se suma que «Junaeb no cuenta con un mecanismo que identifique y seleccione a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar. Por esto, no todos recibieron una canasta, pese a ser parte del programa».
Según indica un documento 442 páginas del organismo contralor, «en la primera, segunda y tercera entrega, 12.003, 11.723 y 8.726 alumnos, respectivamente, no recibieron la canasta de alimentación pese a cumplir con los requisitos establecidos».
Asimismo, «se detectaron casos en los cuales hubo estudiantes que recibieron las canastas de alimentación sin cumplir con los requisitos para ello, según la focalización realizada por la Junta y enviada a los establecimientos educacionales, así como también situaciones en las cuales se les entregó más de una canasta a un beneficiario».
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Respecto a las irregularidades nutricionales, el informe señala: «Se verificó que la información nutricional rotulada en los etiquetados de ciertos alimentos contenidos en las canastas entregadas por la Junaeb no se ajustó a la composición real determinada en el análisis químico», este último solicitado al laboratorio de la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica».
Producto de estos antecedentes, Contraloría instruyó «un sumario administrativo con el fin de determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos objetados».
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