El fiscal nacional Jorge Abbott confirmó esta mañana en la región de Los Ríos que requirió a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía que reuniera mayores antecedentes respecto de la denuncia que realizó ayer el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, respecto de una eventual participación del Gobierno en la paralización del gremio de transportistas de 2020.
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Abbott señaló en la ocasión que no descarta la existencia de un posible ilícito en lo declarado por Araya, quien ayer afirmó ante los medios de comunicación que funcionarios del Gobierno de Sebastián Piñera habrían negociado con la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), encabezada por Sergio Pérez, el inicio de la paralización de camioneros, en medio del momento más crítico de la pandemia, con el objetivo de aprobar la ley Juan Barrios.
Podemos abrir una investigación respecto de algún delito común donde el Ministerio Público tenga la posibilidad de iniciar de oficio alguna investigación.
— Jorge Abbott
Los antecedentes de la investigación solicitada por Abbott
“En el paro del 2020, nosotros no estuvimos. No nos adherimos (...) ese paro, por palabras del presidente de ellos (Pérez), se lo pidió el Gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera Ley de armas, todas las leyes que todavía no salen”, dijo este miércoles Araya, quien recibió las respuestas del ministro del Interior, Rodrigo Delgado; y del propio presidente de la CNTC, Pérez; quienes rechazaron de plano la veracidad de ellas.
Sin embargo, y pese a las explicaciones de uno y otra lado, el Fiscal Nacional expuso que frente a tal denuncia el Ministerio Público no puede descartar que haya un hecho constitutivo de delito y que de comprobarse, no exime a nadie de posibles sanciones, ya que que ninguna persona está por encima de la ley.
“Pedí un informe a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, pero desde ya es posible que exista algún tipo penal en la ley de Seguridad Interior del Estado, pero quien tiene el ejercicio de la acción penal en la materia es el supremo Gobierno, no el Ministerio Público que no podría abrir de oficio una investigación”, explicó Abbott.
Pese a ello, el fiscal reveló que de ser necesario “nosotros podemos abrir una investigación respecto de algún delito común donde el Ministerio Público tenga la posibilidad de iniciar de oficio alguna investigación”.
