El Ministerio Público inició esta semana las primeras diligencias investigativas en el caso del “vuelo fantasma” de venezolanos expulsados del país e informado erróneamente por la ministra del Interior, Izkia Siches, en el marco de una reunión con la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
PUBLICIDAD
Lo hizo a través de un oficio presentado por el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, quien requirió los audios de la reunión en la cual la ministra Siches expuso que en el proceso de expulsión de extranjeros propiciado por el gobierno de Sebastián Piñera, uno de los vuelos con migrantes venezolanos regresó con las mismas personas al país.
Las pericias del Ministerio Público
Una acusación que posteriormente fue corregida por la propia secretaria de Estado, quien se desdijo de sus acusaciones de “chambonada” y “algo gravísimo” en contra del ministerio del Interior liderado por Rodrigo Delgado, afirmando que había recibido “información incorrecta”.
Dicha información habría llegado de parte de la funcionaria de carrera pública, Carmen Gloria Daneri, quien en su cargo de jefa administrativa de Extranjería, expuso dicho material al equipo de la ministra Siches.
LEE MÁS: El largo silencio de Izkia Siches tras su error sobre avión con inmigrantes expulsados
Por ello, informa latercera.com, el “gobierno abrió un sumario” que “indaga la presunta responsabilidad administrativa” que le cabe a Daneri, quien en el marco de la investigación penal iniciada por el Ministerio Público sería citada a declarar en los próximos días.
“En paralelo, el Ministerio Público se vio obligado a abrir una investigación penal, tras recibir una denuncia -por parte de un abogado particular- por el delito de ‘omisión de denuncia’. Esto último tiene que ver con la obligación que tienen los funcionarios públicos, en este caso la ministra Siches, de denunciar un hecho que puede revestir carácter de delito. Ante la justicia, entonces, la jefa de gabinete tendrá que explicar por qué al enterarse de que estaban retornando ciudadanos que habían sido expulsados judicialmente no realizó ninguna acción ante la justicia, para lo que tenía un plazo de 24 horas según establece la ley”, explicó el medio nacional.
