Exinspectores de la Municipalidad de Providencia denunciaron que fueron obligados a infiltrarse en la llamada “primera línea”, durante las manifestaciones ocurridas durante el estallido social en Plaza Italia, pleno centro de Santiago, con el fin de conseguir información respecto a los violentistas.
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Según confesaron en un reportaje emitido por el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, la orden provenía desde la alcaldesa Evelyn Matthei hacia abajo.
“Yo fui primera línea por orden de mi jefatura. Tuve que estar infiltrada, aunque no lo hubiese querido hacer, lo tuve que hacer”, denunció una de las afectadas, quien finalmente recibió una compensación económica “para que todo quedara en nada”. señaló.
“En el año 2019 a nosotros se nos obliga a conformar un equipo de cinco personas, las cuales tenían como finalidad infiltrarse y recabar información en las marchas, acontecidas en el estallido social”, contó Fredy Cerda, exfuncionario municipal, quien acusa a Mirna Campos de dar la orden, una ex funcionaria de Carabineros contratada como jefa de operaciones.
“La misión era poder levantar información y realizar inteligencia en el contexto de quienes atentaban en contra de Carabineros”, señaló otro empleado que mantuvo su identidad en reserva.
La idea, según explicaron, era que grabaran las caras de los violentistas para entregar las imágenes a la policía. Registro que debían realizar a pocos metros de los disturbios, para lo cual quedaban totalmente expuestos, corriendo el riesgo de sufrir cualquier tipo de agresión o accidente.
“Imagínate ellos se hubiesen dado cuenta que nosotros éramos infiltrados, nos hubiesen pegado ahí mismo”, comentó una exinspectora.
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Un grupo de WhatsApp llamado “La misión”, fue creado en noviembre del 2019 e integrado por jefaturas y inspectores municipales para coordinar la citaciones a las marcha. En el grupo recibir instrucciones de cómo grabar y compartían los registros. Deben “tratar que las caras salgan de frente”, fue uno de los mensajes que recibieron.
Además, denunciaron que los obligaban a beber alcohol y realizar organigramas de los manifestantes, para exponerlos a la alcaldesa.
Fuera del marco legal
“Dicha instrucción obligatoria excedería las atribuciones del empleador, en este caso el municipio y además, podría constituir infracciones graves a garantías constitucionales que asiste a este grupo de trabajadores municipales”, señaló al reportaje un exfiscal.
Por esta razón, los graves hechos fueron denunciados a la Contraloría General de la República, debido a que se habrían utilizado fondos municipales.
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