Como un acto de censura calificaron los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica la decisión adoptada por Rectoría, quien les prohibió realizar cualquier tipo de propaganda o manifestación a favor de las opciones Apruebo o Rechazo, que serán votadas el 4 de septiembre por la propuesta de nueva Constitución.
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Fue el viernes pasado cuando los estudiantes recibieron un correo electrónico donde se les comunicaba que no estaban autorizados a manifestar sus tendencias políticas, de cara al próximo plebiscito nacional.
“Cualquier manifestación o acto que haga propaganda a alguna de las opciones al interior de nuestros campus, no están autorizados”.
De igual forma, la casa de estudios precisó que se podrán realizar “foros informativos, debates (...) sin ningún problema”, bajo el fundamento de que la Universidad “siempre privilegia la independencia y el respeto de cada miembro de nuestra comunidad”. Sin embargo, la propaganda electoral estaría contra esos principios, rechazaron desde el Consejo FEUC.
“Decisión política de Rectoría”
Ante esta medida, los estudiantes respondieron con un comunicado, señalando que “la expresión de preferencias es un elemento fundamental e inseparable de cualquier democracia y el debate público de ideas. Asimismo, lo es la posibilidad de convencer respecto a una u otra opción. Esto se torna aún más relevante en el contexto universitario, el cual, por definición, debe ser un espacio en donde las distintas ideas sobre el mundo, el país y la política contingente deben poder confrontarse en un ambiente de respeto, fundamental para el sano intercambio de opiniones”.
Además “entendiendo esta inseparabilidad entre la acción y expresión a favor de una u otra opción y el debate público de ideas, nos parece preocupante el mandato de Rectoría de prohibir... pues la definición es lo suficientemente vaga como para permitir a las autoridades de la Universidad restringir arbitrariamente cualquier tipo de actividad”.
Finalmente, consideraron la medida como “impropia, ya que la misma ley señala que la autorización de ésta recae en la Universidad, develando que se trata de una decisión política de Rectoría”, por lo cual exigieron “dejar sin efecto la medida, ya que creemos significa graves limitaciones a la libertad de expresión, inhibe nuestro rol como ciudadanía y pone en duda el rol público de nuestra Universidad ante el proceso democrático más importante de los últimos 30 años.
