El Sernac fiscalizará a los supermercados y al retail del país, tras detectar a través de reclamos y alertas ciudadanas, que múltiples locales de estos rubros exigen a los consumidores que muestren las boletas para acreditar las compras cuando salen del recinto.
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El objetivo de esta gestión es conocer las razones de las empresas ante este tipo de medidas que podrían vulnerar los derechos de los consumidores si no existen razones objetivas que lo justifiquen.
La fiscalización del Sernac incluirá el envío de oficios, donde se exigirá una serie de antecedentes, además de visitas presenciales a los locales para confirmar este tipo de prácticas y ver en terreno si hay vulneraciones a los derechos de los consumidores.
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Prácticas repetidas
Según los antecedentes preliminares recopilados por el Servicio, este tipo de prácticas se ha extendido en el último tiempo. En algunos locales las empresas piden la boleta a la totalidad de los consumidores, mientras que en otros lo hacen de forma aleatoria.
Durante este año, el Sernac ha recibido múltiples reclamos y alertas ciudadanas donde los consumidores señalan sentirse incómodos por estas prácticas, y apuntan a lo menos a 17 empresas preferentemente del rubro de los supermercados y del retail. No obstante, el Servicio no descarta ampliar esta fiscalización a otros rubros.
“A través de esta fiscalización analizaremos el alcance de estas medidas y si existe alguna evidencia que la justifique. A priori, nos parece que someter a los consumidores a este tipo de exigencias podría generar estrés, dar pie a malos tratos o dejar la puerta abierta a discriminaciones arbitrarias. Las empresas tienen derecho a tomar medidas de seguridad, pero siempre respetando la dignidad y derechos de las personas”, indicó el Subdirector del SERNAC, Jean Pierre Couchot.
Explica que en caso de que los guardias o personal de vigilancia sorprendan a una persona delinquiendo, sólo están facultados para ponerla a disposición de las autoridades competentes, como Carabineros o Investigaciones. Estos funcionarios no pueden discriminar, burlarse, golpear, registrar ni detener a la persona contra su voluntad.