El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, explicó esta mañana en la Comisión de Constitución del Senado el motivo de la instrucción que dio la semana pasada a todos los persecutores del Ministerio Público para que soliciten en tribunales la prisión preventiva a todos aquellos ciudadanos extranjeros que no puedan acreditar su identidad al ser detenidos, independiente de la gravedad del delito que se les haya imputado.
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Si bien en un principio Valencia dio la instrucción solamente para la Región Metropolitana, en las horas posteriores a su decisión se contactó con los fiscales regionales para ampliar el requerimiento a todo el país.
“Si se es extranjero y se pretende venir a Chile a ejercer la actividad delictual, lo más conveniente es dejar el pasaporte bien escondido, porque la mejor forma para propender a tener éxito es esconder la identidad propia. En términos simples, advirtieron una debilidad en nuestro sistema”, explicó el jefe de los fiscales nacionales, quien ordenó esta medida inmediatamente después de haberse concretado -el miércoles pasado- el crimen en contra del suboficial mayor Daniel Palma Yáñez, el tercero en contra de un funcionario de Carabineros en 23 días.
Las cifras de inmigrantes indocumentados
Las explicaciones de Valencia en el Senado llegaron luego de aparecer las primeras voces críticas a la instrucción, tanto dentro del Ministerio Público como fuera, y que fueron justificadas por el Fiscal Nacional, según informó latercera.com, en el “criterio que busca aplicar en el marco de procesos penales”, que tiene por objetivo subsanar “una debilidad en el sistema, detectada por extranjeros irregulares que perpetran delitos en el país”.
Debilidad que quedó de manifiesto en el caso de uno de los detenidos por el crimen del cabo Palma, Ovimarlixion Garcés, quien mantenía orden de expulsión vigente desde 2020 pero bajo el nombre de Arlixon, lo que da cuenta de las dificultades para llevar el registro de migrantes ilegales.
“Está ocurriendo -quizás con demasiada frecuencia por no existir un sistema eficaz que los incorpore dentro de nuestro sistema de identificación- que (extranjeros) entregaban un nombre supuesto y en base a ese nombre supuesto se le informaban cargos en la audiencia y se le decretaban medidas en contra de ese nombre supuesto, y se le requería que fuera a cumplir con sus obligaciones migratorias, entre ellas enrolarse. Eso hacía imposible en la práctica que pudiéramos cumplir con hacer cumplir órdenes de detenciones en su contra”, explicó Valencia.
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En esa línea, el abogado entregó a los integrantes de la comisión una serie de preocupantes cifras respecto del “aumento en los casos de extranjeros sin identificación que han sido detenidos por diversos crímenes” y que por ello “enfrentan un proceso penal”.
“En el caso de la RM Centro Norte, entre el 35 por ciento y el 40% de las personas detenidas que ingresan al Centro de Justicia de Santiago son extranjeros. Y dentro de ellos, un tercio no porta cédula de identidad, o sea no están enrolados en los sistemas de identificación chilenos. Esa es la realidad que enfrentamos”, indicó.
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“No es una medida contra la migración irregular, impacta, pero no es contra la migración irregular porque la Fiscalía nacional no tiene atribuciones de momento”, agregó.
“Nos parece que pudiera ser necesario precisar algunas normas, como las normas de ampliación de detención que están en el Código Procesal Penal, que establezcan expresamente la hipótesis de no haberse identificado el imputado como causal de ampliación o que se establezca -como la hipótesis del peligro de fuga- una circunstancia que deba considerarse que el imputado esté ocultando su identidad. Eso también podría ayudarnos”, finalizó.
