Con gran sorpresa fue tomada la decisión unánime del Consejo del Banco Central, BC, en su Reunión de Política Financiera del martes 23 de mayo, en el sentido de activar el Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) para la banca en un nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo, exigible en el plazo de un año.
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En sencillo, lo anterior es la acumulación de un “colchón de capital” disponible si la situación económica externa empeora, por lo que es una medida preventiva.
La sorpresa vino por el carácter inesperado de la determinación, que según cálculos de la industria bancaria significará un desembolso de 1.500 millones de dólares.
El RCC está contemplado en la Ley General de Bancos, que se amoldó a normas internacionales luego de la “crisis subprime de 2008″, surgida en EE.UU. por el relajo en el otorgamiento de créditos hipotecarios.
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La presidenta del BC, Rosanna Costa, dijo que “el RCC es una herramienta preventiva que se construye cuando se observan escenarios en los que la incertidumbre y la probabilidad de un shock son algo mayores, por lo que este requerimiento fortalece la resiliencia de la economía frente a episodios disruptivos”.
Y sobre las consecuencias que tal medida podría tener en los créditos, la presidenta del BC indicó que “dadas las holguras que tiene la banca y su solvencia, el efecto sobre el crédito en este momento es de una magnitud baja, por lo que protegerse con este instrumento es extraordinariamente necesario”.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, añadió que “el riesgo de que esto afecte el crédito es considerablemente menor. La pregunta para los bancos, que en 2022 tuvieron utilidades por siete mil millones de dólares, es cuánto de eso van a retener para constituir este requerimiento, que deben implementar en un año y es una fracción de sus utilidades”.
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APRENSIONES Y ANÁLISIS
Pero el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, Ricardo Mewes, manifestó sus dudas sobre la determinación del BC.
“Nos llamó la atención esta decisión, que es un poco distinta a la percepción que tiene la banca. Nuestra gran preocupación es que esta exigencia va a tener probablemente un impacto en los créditos a las personas y a las empresas. Así, la situación se complica bastante de cara al futuro”, señaló.
El economista y profesor de la Universidad Andrés Bello, Gustavo Marcos Escobar, indicó que “guardar plata extra significa un costo para los bancos, que se tiene que transferir a los clientes o bien implica disminuir el margen de ganancia. El Gobierno asume que debe disminuir la ganancia, pero la industria dice que ella ya es muy baja y que por eso el costo lo traspasará a los clientes. Y si pasa lo segundo, subirá la tasa de interés, que es el precio del dinero. Así disminuiría la demanda de dinero en la economía y caerían las compras de bienes inmuebles”.
Según Patricio Gana, director de AK Contadores, “a personas y empresas les va a costar más tomar créditos, lo que puede redundar en menor inversión y una recuperación más lenta. Esta medida también puede profundizar el impacto en el mundo inmobiliario, donde hay varios actores complicados... Hay mayores riesgos hoy, y aunque el RCC nos puede gustar o no porque tiene efectos secundarios, es lo que se tiene que hacer.”
Y Benjamín Jordan, abogado y coordinador de la Red de Expertos en Deudas, precisó que “es curioso que no admitiéndose una crisis por parte del BC se tomen medidas adicionales de resguardo. Esto es dar un mensaje de crisis aunque los números hablarían de abundancia. La medida supone que el escenario es complejo y que por lo mismo hay que tomar medidas conservadores para adelantarse a un eventual futuro en el que se viera mermada la oferta de créditos”.
