Varias reacciones generó ayer el incendio que el pasado lunes cerca de las 19 horas se produjo en dos residencias de una toma en el sector Cerro Obligado en Coronel, en la Región del Biobío, donde está ubicado el campamento Los Pirquenes en un terreno de la empresa Enel Generación.
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El siniestro causó los fallecimientos de catorce personas de nacionalidad venezolana, seis adultos y ocho niños , de 4 a 13 años.
El Servicio Médico Legal levantó los cuerpos en la madrugada del martes e iba a efectuar exámenes genéticos para identificarlos, para lo cual familiares debían entregar muestras.
El Presidente Gabriel Boric habló de la tragedia en la ceremonia de recepción del proyecto de nueva Constitución, diciendo que “sería bueno preguntarse en nuestros mismos discursos, en nuestras acciones, cómo tratamos a esa gente que falleció, y cómo las propuestas de norma también se hacen cargo de estas realidades”.
El incendio afectó a tres grupos familiares que vivían en condición de hacinamiento. El fuego se produjo por el recalentamiento de un sistema de calefacción precario, que bloqueó la salida de quienes trataron de escapar y al no poder hacerlo, murieron.
La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, viajó ayer a la zona y explicó en redes sociales que lo hizo “por instrucción del Presidente Gabriel Boric para coordinar el trabajo, tomar medidas y acompañar a las familias”.
Ya en terreno, la secretaria de Estado añadió que lo sucedido se enmarca “en una crisis habitacional y estamos llegando tarde, por eso tenemos una política de emergencia al respecto... En este campamento se viene trabajando desde el año pasado y hay una intervención desde inicios de 2023 para relocalizar a las familias, dado que el Sernageomin declaró que esta es una zona de riesgo”.
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El presidente del campamento Los Pirquenes, Julio Araya, contó que “somos cientos de familias y luchamos por tener luz eléctrica como corresponde, pues las instalaciones son terribles y los incendios han sido por eso”.
El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, señaló que en su ciudad hay trece tomas, en las que viven mil familias.
“Como municipio no tenemos facultades para retirar a las personas que se toman un terreno particular, como el de este incendio... Si es público, actuamos de inmediato. Aquí hay responsabilidad directa del propietario y del Estado”.
Por su parte, la diputada RN de la Comisión de Desarrollo Social, Carla Morales, indicó que “vivir en un espacio reducido sin acceso a servicios básicos mínimos genera condiciones de peligrosidad que, lamentablemente, terminan en desenlaces fatales como este. Lo de Coronel es también fruto de un sistema migratorio deficiente y de la falta de políticas públicas para trabajar en contar con mejores condiciones de habitabilidad y en reducir la pobreza extrema”.
Y su colega Karen Medina, quien representa a la Región del Biobío, manifestó que “esto ya ha pasado en otros lugares, en campamentos sin las condiciones básicas y con instalaciones eléctricas muy irregulares, causas frecuentes de los incendios. Hay un Estado ausente que no ha llegado a cubrir las necesidades básicas y que tampoco es capaz de atacar el déficit de viviendas. Este es un tema complejo, y lo primero que se debe hacer es un catastro real de cuánta gente sufre estas condiciones, para llegar con apoyo”.
