Este viernes, la Fiscalía Nacional anunció la remoción del fiscal Patricio Cooper, quien estaba a cargo del Caso ProCultura, y la asignación de un nuevo persecutor a la investigación. Esto sucedió cespués de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegal el “pinchazo” a Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, quien mantuvo una conversación con el Presidente Gabriel Boric.
A través de un comunicado de prensa, la entidad citó al artículo 19 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público para resolver que se va a “reasignar la investigación conocida como ‘Caso Procultura’ a la Fiscalía Regional de Antofagasta”.
Esta decisión tiene como fin atender la “complejidad y gravedad” del caso, y así “asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso. Lo previo en atención a que el primer hecho investigado en la causa antes aludida ocurrió en dicha región”.
De igual forma, se requirió a Patricio Cooper que informe los puntos observados en el reciente fallo judicial de la Iltma. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo y “declaró ilegales diversas diligencias intrusivas solicitadas en el marco de la causa precitada”, se lee en el comunicado publicado por Biobío.
“Estas decisiones se adoptan en resguardo del interés público y de los principios rectores que deben guiar la actuación del Ministerio Público. El compromiso de la Fiscalía Nacional es claro: velar por el estricto cumplimiento de la ley, garantizar procesos justos y proteger la confianza de la ciudadanía en la labor del sistema de persecución penal”, cerraron.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, es la persona elegida para asumir el liderazgo de esta investigación.
“Pinchazos” ilegales
Este viernes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró como “ilegales” las escuchas telefónicas de las cuales fue objeto la exesposa de Alberto Larraín, Josefina Huneeus. Gracias a esta medida, la PDI pudo interceptar una conversación que mantuvo la psiquiatra con el Presidente Boric, según lo señalado por el medio citado anteriormente.
Los abogados de la afectada señalaron que las escuchas sucedieron tras sospechas infundadas ni motivos legales, debido a que ella no figuraba como investigada dentro de la causa. Se argumentó que el Ministerio Público junto al Tribunal actuaron fuera del marco legal tras primero calificar a Huneeus como testigo primero y después imputada. Además, apuntaron a que las conversaciones interceptadas carecen de relevancia penal.
El fiscal adjunto de Coquimbo, Eduardo Yáñez, ratificó que Huneeus efectivamente figura como imputada en el caso ProCultura. De igual forma, el persecutor argumentó que la interceptación se justifica gracias a las nuevas diligencias, en donde se podrían encontrar indicios de otros delitos como la asociación ilícita.
