Un nuevo ataque incendiario registrado este viernes en un predio forestal de CMPC, en la comuna de Mulchén, región del Biobío, volvió a poner en evidencia la creciente inseguridad en la macrozona sur. El atentado, perpetrado a las 08:10 horas en el fundo Porvenir, destruyó siete vehículos, entre ellos cuatro camionetas, dos máquinas pesadas y un camión, además de dos containers administrativos. No se reportaron personas lesionadas.
El hecho provocó la inmediata reacción de autoridades locales y parlamentarias, quienes cuestionaron la eficacia del estado de excepción vigente en la zona y exigieron mayor protagonismo para alcaldes y parlamentarios en la toma de decisiones en materia de seguridad.
“Es lamentable lo que estamos viviendo en el Distrito 21. El estado de excepción es insuficiente. Seguimos siendo víctimas de ataques terroristas sin una respuesta efectiva del Gobierno”, denunció la diputada Karen Medina, quien además criticó la exclusión de los alcaldes de las mesas de seguridad.
“Nadie mejor que los alcaldes conoce su territorio. Es un error que el delegado presidencial no los esté involucrando. Esto ya pasó en Santa Bárbara, ahora se repite en Mulchén. No podemos seguir esperando respuestas que no llegan”, agregó.
El alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, también emplazó al Ejecutivo a actuar con mayor firmeza. “Estamos viendo cómo esto se expande. Hace pocos días el atentado más grave de la historia golpeó Santa Bárbara, y ahora es Mulchén. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y garantizar seguridad real”, sostuvo.
“La municipalidad está disponible para colaborar, pero necesitamos que el Estado esté presente y actúe con decisión”, añadió.
Por su parte, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oses, recalcó que los municipios, pese a no tener competencias directas en seguridad, son quienes están conteniendo a las comunidades afectadas.
“El ataque en Santa Bárbara no solo dañó una empresa, también destruyó parte de nuestra economía local y la tranquilidad de nuestra gente. No podemos seguir dependiendo de autoridades designadas que no conocen la realidad del territorio”, enfatizó.
“Aquí no se trata de politiquería, se trata de dar respuestas concretas. Los parlamentarios y alcaldes elegidos por la ciudadanía tenemos la legitimidad y la responsabilidad de estar donde ocurren los hechos”, cerró.
