El ministro de Hacienda Mario Marcel y la directora de Presupuestos Javiera Martínez, dieron a conocer un balance de las sanciones que se han llevado adelante en el gobierno central, tras el informe de la Contraloría que detectó que más de 25 000 funcionarios hicieron mal uso de licencias médicas.
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El ministro Marcel sostuvo que de acuerdo a la información reportada, ”todos los ministerios ya han iniciado procesos sumariales. Hay 131 instituciones que ya iniciaron sumarios, lo que considera los ministerios. Los funcionarios con inicio de sumario son 6592”.
El secretario de Estado agregó que “la cifra de las personas que han dejado la administración a la fecha de hoy habiendo incurrido en algunas de estas prácticas son 1102 del gobierno central, no incluye a municipalidades”.
En el Ejecutivo explicaron que de los más de 25 000 funcionarios detectados, alrededor de 8000 corresponden al gobierno central, el resto son fundamentalmente de las municipalidades.
Según detalló el ministro de Hacienda, “se estima que aproximadamente uno de cada 10 funcionarios involucrados en estos casos ingresaron al Estado a partir del año 2022, mientras que nueve habían iniciado sus funciones en los años anteriores”, por lo que vendrían de gobiernos anteriores.
Mario Marcel se refirió también a las sanciones que arriesgan los funcionarios públicos involucrados.
“Entre las consecuencias está el rechazo de las licencias, la devolución de los fondos al empleador, es decir, al servicio en el cual trabaja. En cuanto a las sanciones, pueden incluir la destitución o suspensión con reducción de sueldo. Por supuesto, puede haber sobreseimiento o absolución en casos específicos, como los casos de licencias maternales que no son incompatibles con el hecho de viajar”, sostuvo.
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Sumarios
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en tanto, aseguró que el objetivo del gobierno es que se puedan “tener los sumarios cerrados de aquí a un mes”.
Martínez agregó que “dentro de la calendarización que tenemos es que, una vez iniciado la totalidad de los sumarios, podamos hacer llegar la información al Consejo de Defensa del Estado, porque vamos a necesitar apoyo a otras instituciones del Estado para la recuperación de los fondos. No es algo que se haga automáticamente, depende de los informes que pueda hacer el resto de las instituciones y de las personas que tengan que devolver los recursos”
