“Como una oportunidad inmejorable para modificar el régimen de empleo público”, entre otras iniciativas públicas por legislar, calificó el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber, la revelación que se conoció en los últimos días respecto de los más de 25 mil funcionarios del aparato estatal que viajaron al extranjero durante 2023 y 2024 gracias a la presentación de licencias médicas.
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La investigación, liderada por la Contraloría General de la República, abrió un nuevo foco de cuestionamientos respecto de las irregularidades que la ciudadanía nacional ha detectado en el funcionamiento del Estado tras la serie de denuncias conocidas en casos emblemáticos, como los de Convenios o Audios.
Cuestionamientos por eventual fraude al fisco
Por ello es que el sondeo “Chile nos habla”, de la Universidad San Sebastián, midió la opinión ciudadana respecto de este caso en particular, con concluyentes y reveladores resultados: el 96,8% concuerda en que el uso de licencias médicas para realizar viajes al extranjero está muy mal o mal, un 2,8% es indiferente a esta práctica, y tan solo un 0,4% cree que está bien.
Tras la consulta en el sondeo por las acciones de corto plazo que se debiesen tomar, en caso que se compruebe el mal uso de licencias; la encuesta, liderada por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno USS, en colaboración con el Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Facultad de Medicina de la misma casa de estudios superiores, evidenció que un 69,9% de los encuestados pidió exigir el reembolso del pago de tales licencias a los propios trabajadores que viajaron al extranjero; mientras que el 64,2% cree que se debería desvincular a esos funcionarios.
Entre otras acciones, casi la mitad (44,9%), se inclina por investigar a los profesionales de la salud que emiten estas licencias, un 41,7% que se tomen acciones legales contra los funcionarios públicos que hicieron uso fraudulento de las licencias y, finalmente, un 40,9% que se instruyan sumarios administrativos.
“Este hecho es de la mayor gravedad, daña la fe pública y la legitimidad del Estado. En momentos de estrechez de las arcas fiscales, con un déficit severo de las cuentas públicas, duele constatar que este fraude, corroborado por Contraloría General de la República, se financió con los impuestos que pagan todos los chilenos, cuyos recursos tienen un costo alternativo alto y dejan de destinarse a materias urgentes para la ciudadanía, como seguridad, listas de espera en salud, y empleo”, sostiene Weber.
“La solución al problema debe separarse en dos partes. Por un lado, sancionar conforme a derecho a quienes incurrieron en el ilícito y, por otra parte, es una oportunidad inmejorable para legislar y modificar el régimen de empleo público. Anacrónico e ineficaz, y que hoy se está transformando en una barrera para que el Estado gaste mejor los recursos de todos los chilenos”, indica el decano.
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“Las personas aciertan en indicar que urge aumentar la fiscalización para evitar la utilización maliciosa de las licencias médicas y que aquello tenga consecuencias, tanto para quienes las piden como para los que las emiten”, explicó por su parte el Dr. Jorge Acosta, director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS).
En relación con las posibles causas que habrían desembocado en esta situación, un 71,6% indica que se debe a la falta de consecuencias para quienes solicitan estas licencias y, al mismo tiempo, un 63,9% afirma que se explica por la falta de consecuencias para quienes las emiten, seguido de un 39,7 para aquellos que consideran que se debe a una falta de control por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).
“Comparando con experiencias internacionales, destaca la necesidad de evaluar el disminuir gradualmente el porcentaje del subsidio a lo largo de la licencia (para incentivar la reincorporación temprana), revisar la temporalidad de la incapacidad cuando es muy extensa (seis meses) para empalmar con pensiones de invalidez, y evaluar la participación de los empleadores en parte del financiamiento de la ausencia”, dijo el director ejecutivo del IPSUSS.
Ante la pregunta sobre qué cree que pasará finalmente con los funcionarios públicos que viajaron estanco con licencia médica, el 58,4% indica que no pasará nada, un 30% cree que se tomarán medidas leves y sólo 11% cree que se tomarán medidas importantes para que no se repitan casos como este.
